LA CONCESIÓN

ITodo lo que hay que conceder

Empiezo por lo caro, porque lo barato lo hace cualquiera.

Al 24 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud de Gaza contabiliza 73.422 muertos y más de 174.000 heridos desde octubre de 2023. Mil doscientos ochenta y ocho de esas personas murieron después del alto el fuego de octubre de 2025, casi todas por fuego israelí. La tregua sigue nominalmente en pie, y Israel la rompe con una regularidad que ya no es noticia. Durante casi dos años se dijo, y yo lo repetí, que esas cifras venían de un ministerio controlado por Hamás y que por lo tanto no valían. En enero de 2026 el Ejército israelí terminó aceptando como propia la cifra de ese mismo ministerio. No llegó a un número parecido por su cuenta: adoptó el ajeno. Lo publicaron Haaretz y CNN, que no son el brazo de prensa de la Franja.

O sea que la línea que muchos usamos durante dos años se cayó, y se cayó del lado del que la usaba. Conviene decirlo en letra de molde: las cifras totales de muertos en Gaza son sustancialmente correctas. Volveré sobre el único agujero que les queda, que existe y que es grave, pero que no es el que le pusimos.

Hay más, y también lo concedo. El 22 de agosto de 2025 la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, que es el sistema técnico que usan las agencias de Naciones Unidas y que no lo maneja ningún comité de solidaridad, confirmó hambruna en la gobernación de Gaza. Hambruna, en ese sistema, es una categoría técnica y no un modo enfático de decir hambre: tiene umbrales de mortalidad, de desnutrición aguda y de acceso a alimentos, y confirmarla exige que se crucen los tres. Se cruzaron.

Consigno también lo que vino después, que sale del mismo organismo y que casi nadie de mi lado consigna. El 19 de diciembre de 2025, con el alto el fuego andando y la comida entrando, el propio sistema bajó la clasificación de hambruna a emergencia, y en julio de 2026 toda la Franja figura en fase de crisis, dos escalones por debajo. Que la hambruna cediera cuando entraron los camiones no desmiente que hubo hambruna. Dice de qué dependía.

Ahora el inventario, que es otra cosa que conceder. La acusación de genocidio contra Israel no es una consigna de barricada ni una excentricidad de tres militantes, y quiero que quede anotada en toda su magnitud, porque la magnitud es justamente lo que voy a discutir. La sostienen Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, B’Tselem y Jewish Voice for Peace. Y la sostienen Estados: más de veinte presentaron ante la Corte declaraciones de intervención respaldando la demanda sudafricana, entre ellos Colombia, España, Turquía, Chile, Irlanda, Brasil, México, Bélgica y Bolivia. El 16 de septiembre de 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó formalmente que Israel es responsable de genocidio en Gaza. El 29 de agosto de 2025 votó la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio, que es la asociación profesional de la disciplina y no un club de aficionados. Aprobó una resolución: las políticas y acciones israelíes en Gaza encuadran en el artículo II de la Convención de 1948. Y hay un juicio vivo ante la Corte Internacional de Justicia desde el 29 de diciembre de 2023.

Sobre esas dos últimas hay dos asteriscos, y los pongo acá y no en una nota al pie. Las notas al pie son el lugar donde se esconde lo que uno no quiere que se lea al lado de la concesión. Los tres integrantes de la Comisión habían renunciado en julio de 2025, dos meses antes de que saliera el informe. Y en la votación de la asociación participaron ciento veintinueve de unos quinientos miembros: ciento ocho a favor, dieciocho en contra y tres abstenciones.

Ninguno de los dos asteriscos invalida lo que esos cuerpos documentaron. Una comisión que renuncia no falsifica su informe, y una participación del veintiocho por ciento está dentro de lo habitual en esa asociación. Los pongo porque hacen falta para lo que viene: quién firmó, cuántos firmaron y en qué condiciones firmaron es información sobre una adhesión, y ninguna cantidad de información sobre una adhesión se convierte, por acumulación, en información sobre un hecho.

Y en Montevideo, que es donde vivo y donde esto se paga en la vereda. El Frente Amplio lo dijo con todas las letras el 22 de mayo de 2025. El PIT-CNT lo dice en cada conferencia de prensa. La Asociación Cultural Israelita Zhitlovsky, que es una institución judía uruguaya con casi un siglo de historia, condenó públicamente la política israelí en esos términos. El historiador uruguayo Gerardo Leibner, que vive en Israel, viene pidiendo desde 2025 que se detenga lo que él llama la guerra genocida en Gaza. Y el 25 de septiembre de 2025 ciento cincuenta y cuatro judíos y judías uruguayas entregaron en Presidencia una carta que pedía romper relaciones con Israel y que decía, textual: «Una vez más decimos Nunca Más».

Detenete en esa última frase, porque es una piedra en el zapato de cualquier columna cómoda. Gente de mi comunidad, usando la fórmula que se acuñó para nosotros, la usó contra el Estado que se fundó para nosotros.

Acá hago la única cosa que me parece decente hacer con ellos, que es tomarlos en serio. No los voy a llamar autoodiantes, ni claudicantes, ni ninguna de las palabras que se usan para no discutir. Firmaron con nombre y apellido lo que creen, que es más de lo que hace casi todo el mundo. Pero firmar con nombre y apellido lo que uno cree no convierte en verdad lo que uno cree.

Ahí está el punto entero de esta columna y conviene decirlo ya. Ciento cincuenta y cuatro firmas no son una prueba. Ciento ocho votos de una asociación tampoco. Un informe de una comisión, tampoco. Ninguno de esos números es del tipo de cosa que puede establecer un hecho jurídico, y el que los suma está contando adhesiones, no armando un expediente. Alimenta el prejuicio como si fuera maná, pero reparte calorías huecas para la verdad. Voy a mostrar en la sección IV qué es lo que sí lo establece, y quién puede hacerlo.

De todo esto se sigue una conclusión que voy a dejar clavada acá y que no pienso mover en lo que resta: quien afirme que decir «genocidio» es, por sí solo, antisemitismo, está mintiendo. Miente el que lo dice por cálculo y se equivoca el que lo repite de buena fe. En los dos casos el enunciado es falso, y falso de una manera que además hace daño: gasta la acusación de antisemitismo en un blanco equivocado y la deja sin filo para cuando hace falta de verdad.

Lo escribió en abril de este año una columna de Brecha titulada «Israeles»: hoy «podemos llegar a ser declarados antisemitas por el solo hecho de criticar con dureza a Israel y nombrar las palabras proscriptas como genocidio y apartheid».

En sentido literal, en su semántica, el enunciado es cierto, y acabo de conceder que lo es sin que se me caiga una prenda: yo mismo soy crítico de Netanyahu, y mucho. Criticar con dureza a un gobierno no es odiar a un pueblo, y la palabra sola no prueba nada. Lo que no permito ni puedo dejar pasar, porque sería cobardía, es lo que el enunciado autoriza.

Porque lo que se enuncia es angosto y lo que circula por debajo, o sea la pragmática del verdadero sentido de lo dicho, es ancho. Se reclama licencia para criticar al gobierno de turno, y lo que aparece en los predicados no es un gobierno: es un proyecto, una ideología, una esencia, un Estado que no debió existir nunca. La queja se deposita en sentido común y se cobra en perjuicio y odio. Eso tiene un nombre viejo, y es desplazamiento de sentido: se pide permiso para una cosa, se ejerce otra, y cuando alguien señala la segunda se contesta exhibiendo la primera. Agota.

No estoy leyendo intenciones, que es exactamente lo que le reprocho al que me las lee a mí. Estoy mirando lo que se publica, que es otra cosa y se verifica. En negro sobre blanco, y sin salir de Brecha: el sionismo como «proyecto colonial, racista y supremacista»; como «una ideología colonialista surgida en Europa central y del Este a fines del siglo XIX»; y «el sionismo siempre ha sido un proyecto colonial», en boca de Rashid Khalidi, entrevistado ahí mismo. Ninguna de las tres habla de un gobierno. Las tres hablan de una esencia. Y un discurso sobre la esencia de los judíos tiene un solo nombre, se rasguen las vestiduras inquisitoriales que se rasguen.

Queda entonces una pregunta que la columna de abril no se hace, y es la única que me interesa: qué significa la palabra que está nombrando.

LA DEFINICIÓN

IIUn umbral, no un termómetro

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se adoptó el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la Declaración Universal y en la misma sala. Su artículo II dice así:

Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Casi todo el mundo cita la lista de cinco actos. Casi nadie cita las once palabras que la gobiernan y que están antes: «perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo». Y sobre todo, nadie cita las dos que vienen después de la enumeración de grupos y que hacen el trabajo pesado del artículo entero: «como tal».

Ahí está toda la cuestión, y no en la lista.

«Como tal» quiere decir que el grupo tiene que ser el objetivo por ser ese grupo. No como daño colateral, no como consecuencia previsible, no como resultado de una brutalidad indiferente a quién muere: como blanco elegido en cuanto grupo. Un ejército que arrasa una ciudad para tomarla comete, según lo que haga, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o las dos cosas. Comete genocidio si arrasa la ciudad porque quiere que ese pueblo deje de existir. El acto puede ser idéntico. El delito, no.

Esto no es una sutileza que inventaron los abogados de la defensa. Está en el origen del texto y fue deliberado. Raphael Lemkin acuñó la palabra en 1944, en Axis Rule in Occupied Europe, con el material a la vista y buena parte de su familia muerta. Cuando la Convención se negoció, se discutió expresamente incorporar dos cosas más: los grupos políticos y el llamado genocidio cultural. Las dos quedaron afuera. La propia ficha oficial de Naciones Unidas lo consigna sin eufemismos. Es decir: los que estaban ahí, cuatro años después de saber lo que había pasado, con la evidencia todavía caliente, escribieron una definición angosta a propósito.

Lo hicieron porque entendían algo que hoy hay que volver a explicar: una palabra que nombra todo no nombra nada. Si genocidio significa «guerra muy cruel», entonces no existe ninguna categoría disponible para nombrar lo que la palabra fue inventada para nombrar, y el favor que uno cree hacerle a las víctimas de hoy se lo cobra a las de ayer y a las de mañana.

Trygve Lie, el primer secretario general de la ONU, advirtió en 1947, mientras se redactaba el texto, que «la imposición de pérdidas, incluso pérdidas graves, a la población civil en el curso de la guerra no constituye, por regla general, genocidio». En octubre de 1948 el delegado neozelandés John Reid sostuvo que llamar genocidio a la destrucción de parte de una población civil por una operación militar defensiva sería «evidentemente falso». Los dos pasajes los rescata el historiador Norman J. W. Goda, de la Universidad de Florida, en un trabajo sobre el uso político de la acusación, y los cito por su intermedio y no como hallazgo propio.

De ahí sale la distinción que da título a esta sección y que es, me parece, el aporte más útil que puedo hacer a esta discusión. El genocidio no es un termómetro. Es un umbral. Un termómetro mide intensidad y sube con el sufrimiento: cuantos más muertos, más caliente. Un umbral es una puerta, y las puertas no se cruzan un poco. La palabra no está en la punta de una escala que empieza en «operación militar» y sigue por «masacre»; está en otro eje, y a ese eje se entra por un requisito que no tiene nada que ver con la cantidad.

Si a alguien le suena a tecnicismo autoexculpatorio, hay una manera rápida de comprobar que no lo es, y la da el propio derecho. En julio de 1995, en Srebrenica, fueron asesinados alrededor de ocho mil hombres y adolescentes bosnios musulmanes. Ocho mil: una fracción del número de muertos de guerras que nadie llamó nunca genocidio. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia primero, y la Corte Internacional de Justicia después, lo calificaron de genocidio sin vacilar. ¿Por qué? Porque los separaron. Porque los eligieron por pertenecer al grupo y por ser los varones del grupo, que es la manera práctica de terminar con un grupo.

Y anoto acá, porque me lo van a cobrar más adelante y prefiero cobrármelo yo: las víctimas de Srebrenica eran varones en edad militar. Es decir, exactamente la categoría que en cualquier discusión sobre proporciones se manda al casillero de los probables combatientes. Srebrenica cruzó el umbral igual, porque lo que decide no es el saldo demográfico sino la selección. Lo tengo presente cuando llegue a discutir las proporciones de Gaza, en la sección VIII, y lo digo ahora para no poder olvidarlo entonces.

Confundir el umbral con el termómetro es el error honesto de casi todo el que usa mal la palabra, y es también la puerta por donde entra el que la usa mal a propósito. Porque el que la usa a propósito no discute la definición: la suprime. No dice «llamo genocidio a esto por tal razón jurídica». Dice el número de muertos, hace una pausa, y deja que la palabra caiga sola.

Ahora el caso que me importa de verdad, que es el contrario, porque no es el de un militante y porque no hay nadie mintiendo.

Le preguntaron a Leonardo Haberkorn, en una entrevista larga, si lo de Gaza es un genocidio. Haberkorn es un periodista del que lo único que puedo decir es que lo admiro y que, sin conocernos más que de vista, me genera un gran aprecio. Que por supuesto es judío, cosa que en esta discusión nunca es un dato neutro. Y que viene diciendo desde mucho antes del 7 de octubre que Israel se equivoca, y que la postergación de un Estado palestino es una vergüenza. No hay manera seria de acusarlo de vocero de nadie.

En eso estoy de acuerdo con él, y lo digo entero: no me opongo para nada a un Estado palestino. Con una condición, que es la única que convierte la cosa en un acuerdo y no en una farsa. Que el reconocimiento sea mutuo y en el mismo acto: que se acepte la legitimidad del Estado de Israel y su derecho a existir como Estado judío, y que desde ese momento se renuncie a la agresión y a la violencia en los dos sentidos. En los dos, que es la parte que a los míos les gusta menos.

Le preguntaron entonces si lo de Gaza es un genocidio, y contestó esto:

Viste que la palabra genocidio tiene como varias definiciones. Una es exterminio. Y creo que un exterminio no hubo, o sea, la población sigue estando ahí, con decenas de miles de muertos. Otra no es el exterminio, pero sí un ataque sistemático. Un ataque sistemático a un pueblo por el hecho de ser de ese pueblo. Bueno, eso parece haberse cumplido. […] No tengo la certeza cien por ciento, pero que hubo una matanza indiscriminada […] eso es un hecho. Y me alcanza. Me alcanza para condenarlo. O sea, después la palabra, bueno, se puede discutir o no, según la definición que se le dé.

Leelo de nuevo despacio, porque ahí está la operación entera, hecha por una persona honesta.

Y hay algo que la transcripción no guarda y que en el video se ve: se lo nota incómodo. Duda, empieza, se corrige, vuelve a empezar. Lo anoto como impresión de espectador y no como hallazgo, porque el gesto ajeno no se prueba y ya escribí que leerle la intención a alguien es lo que le reprocho al que me la lee a mí.

Pero si la impresión es correcta, no lo desmerece: lo salva. El que baja el precio de una palabra por cálculo no titubea, porque para él la palabra nunca tuvo precio. Lo que se ve ahí es un hombre al que la palabra sí le pesa, buscando la manera de que le entre. Y esa incomodidad es el mejor argumento de esta sección, mejor que cualquiera de los míos: si la definición diera lo mismo, nadie se pondría incómodo.

Empieza diciendo que la palabra tiene varias definiciones. No las tiene. Tiene una, está en el artículo II y la aplican los tribunales que vimos. Que en el uso corriente circulen otras no las convierte en definiciones: las convierte en usos corrientes.

Después ofrece la segunda acepción, y acá está lo que se puede cotejar contra el texto. «Ataque sistemático a un pueblo» viene del encabezado de los crímenes de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma, que es otro delito, con otro artículo y otra pena. No ensanchó la palabra. Trajo la definición de otra y la puso en su lugar.

En la misma respiración dice «matanza indiscriminada» y «por el hecho de ser de ese pueblo». Las dos mitades se anulan. Indiscriminado quiere decir que no se distingue. Genocidio quiere decir que se distingue, y que se distingue precisamente por el grupo. Si fue indiscriminada no fue por ser de ese pueblo, y si fue por ser de ese pueblo no fue indiscriminada.

Queda el final, que es el que hay que agradecerle porque lo dice sin ninguna trampa: no tiene la certeza del cien por ciento, y le alcanza.

Ahí está todo. El umbral dejó de ser el del artículo II y pasó a ser el de la propia conciencia. Y una conciencia es un lugar respetable para sentir; no es un lugar donde se decida si una palabra se aplica. No es «yo sé». Es «elijo creer». Son dos verbos distintos y entre uno y otro pasa esta columna entera.

EL ESTÁNDAR

IIILa única inferencia razonable

Supongamos que aceptamos el umbral. Queda la pregunta difícil, que es cómo se prueba una intención. Nadie firma un memorándum que diga «propongo destruir a este pueblo como tal». Los Estados que hicieron eso lo hicieron con eufemismos, y el peor de todos los eufemismos de la historia se escribió en alemán y en una villa a orillas de un lago.

El derecho internacional resolvió el problema y lo resolvió de una manera severa. La intención se puede inferir de un patrón de conducta, sí. Pero con una condición.

La Corte Internacional de Justicia lo dijo primero en Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro, en 2007: para que un patrón de conducta sea aceptado como prueba de la intención específica, «tendría que ser tal que solo pudiera apuntar a la existencia de esa intención». Y lo dijo con todas las letras en Croacia c. Serbia, en 2015, en el párrafo que está en el epígrafe de esta columna: es «necesario y suficiente» que la intención genocida sea la única inferencia que pudiera razonablemente extraerse de los actos en cuestión.

La palabra que hay que mirar ahí es «única», que en castellano quiere decir única y no quiere decir plausible, ni verosímil, ni la que mejor explica el conjunto. Si sobre la mesa quedan dos inferencias razonables, ya no hay una única, y el cargo se cae.

Es un estándar durísimo y está puesto ahí a propósito, porque el genocidio es el crimen de los crímenes y una condena por genocidio es una sentencia sobre la naturaleza de un Estado y no sobre una operación. Lo que ese estándar significa en la práctica es incómodo y hay que decirlo con todas las letras: si existe otra explicación razonable del patrón de conducta, aunque a usted esa otra explicación le resulte repugnante, la imputación de genocidio no prospera. Y «otra explicación razonable» incluye cosas horribles. Incluye una guerra conducida con desprecio por la vida civil. Incluye el uso desproporcionado de la fuerza. Incluye crímenes de guerra, que son crímenes, que se juzgan y que se pagan.

Esto le disgusta a mucha gente de buena fe, y entiendo por qué. Suena a que el derecho protege al poderoso poniendo una vara imposible. Yo lo leo al revés. La vara es imposible para todos, y por eso sirve. Es la misma vara que habría que aplicarle a Hamás si alguna vez alguien se tomara el trabajo, y ahí el ejercicio se pone interesante, porque en ese caso el problema probatorio es el opuesto: el documento existe, está firmado y es público desde 1988.

El artículo 7 de la carta fundacional de Hamás cita un hadiz sobre el fin de los tiempos: llegará el día en que los musulmanes maten a los judíos y hasta las piedras y los árboles hablen para decir «musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo». No es una lectura tendenciosa de un texto ambiguo: es el texto. En 2017 Hamás publicó un documento de principios que omite ese pasaje, distingue entre judaísmo y sionismo y acepta un Estado palestino en las fronteras de 1967 como fórmula de consenso nacional. Es un cambio real y sería deshonesto no consignarlo. También sería deshonesto no consignar lo otro: la carta de 1988 nunca fue derogada, y el documento de 2017 se presentó como texto adicional y no como sustituto. Y el 24 de octubre de 2023, en el canal libanés LBC, el dirigente Ghazi Hamad dijo que el 7 de octubre era «solo la primera vez, y habrá una segunda, una tercera, una cuarta».

No traigo esto para hacer el ping-pong de agresiones, que es el peor género del periodismo, y menos todavía para insinuar que un documento de 1988 pruebe qué se propuso el mando operativo de 2023. Sería el mismo truco del cajón, con el signo cambiado, y en la sección IX me voy a negar expresamente a usarlo contra el otro. Tampoco es cierto que nadie se haya tomado el trabajo: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de detención contra dirigentes de Hamás en mayo de 2024, junto con las que pidió contra dirigentes israelíes. Lo traigo por una razón estrictamente probatoria: hay expedientes donde la intención está escrita y expedientes donde hay que deducirla de fotos satelitales, y esa diferencia es de prueba y no de veredicto. Nunca aparece en las columnas que resuelven la cuestión con un adjetivo.

Este es el estándar de un tribunal y no el de un ciudadano, y la diferencia importa. Nadie esperó la sentencia para decir «genocidio» en Ruanda en abril de 1994, y la calificación judicial de Srebrenica llegó seis años después de la matanza. El fallo de 2015 del que saqué el epígrafe es, además, de los más discutidos de la jurisprudencia, con votos disidentes que sostienen que puso una vara tan alta que vuelve el genocidio casi imposible de probar.

Así que no pido que se hable como una corte. Pido algo mucho más chico. Que el que usa la palabra sepa qué le pide la palabra, y que si el estándar le parece demasiado alto lo diga con todas las letras: «uso genocidio en sentido histórico y político, no en el jurídico». Eso es una posición, es honesta y se puede discutir. Lo que no se puede es invocar a la Corte de La Haya cuando dice algo aprovechable y desconocerla cuando pone la vara. Y lo que tampoco se puede, y es lo que hace todo el mundo, es cobrar la palabra al precio jurídico después de haberla comprado al precio político.

EL EXPEDIENTE

IVLo que el tribunal dijo, y lo que le hicieron decir

El 26 de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales en el caso que Sudáfrica le inició a Israel. Conviene leer qué ordenó, porque casi nadie lo hizo.

Ordenó cinco cosas: que Israel tomara todas las medidas a su alcance para prevenir actos comprendidos en el artículo II de la Convención; que se asegurara de que sus fuerzas armadas no cometieran esos actos; que previniera y castigara la incitación directa y pública al genocidio; que adoptara medidas inmediatas para permitir la asistencia humanitaria; y que preservara la evidencia. Además le dio un mes para informar.

No ordenó un alto el fuego. Y, sobre todo, no dijo que Israel estuviera cometiendo genocidio, ni dijo que fuera plausible que lo estuviera cometiendo.

Después vino más, y lo consigno porque una sección que se llama «lo que el tribunal dijo» no puede citar enero de 2024 y apagar la grabación. La Corte volvió a dictar medidas el 28 de marzo de 2024 y otra vez el 24 de mayo de 2024, esta última ordenando a Israel detener la ofensiva sobre Rafah. En julio de 2024 emitió una opinión consultiva durísima sobre la ocupación. Y en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional, que es otro tribunal y otra cosa, libró órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y contra Yoav Gallant, y también contra un dirigente de Hamás. Nada de eso es menor y nada de eso me conviene omitir.

Tampoco es lo que se le hizo decir. Las tres órdenes de la Corte de La Haya son medidas cautelares sobre un riesgo, no hallazgos sobre una intención; y los cargos de la Corte Penal son crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el uso del hambre como método de guerra, que son gravísimos y que no son este delito.

Esto último no lo digo yo. Lo dijo Joan Donoghue, que presidía la Corte cuando se dictó esa orden, en el programa HardTalk de la BBC, el 25 de abril de 2024, con una frase de doce palabras: «No decidió que la denuncia de genocidio fuera plausible». Lo que la Corte consideró plausible, explicó, fue otra cosa: el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos del genocidio. Son dos enunciados distintos y la diferencia no es de matiz. Uno dice «puede que este hombre sea culpable»; el otro dice «esta persona tiene derecho a que la protejan». El segundo se afirma sin saber nada del primero.

Entre esos dos enunciados hay un abismo, y por ese abismo pasó, durante dos años, una autopista de titulares. The Guardian publicó una corrección. Otros medios ajustaron su cobertura. La fórmula «genocidio plausible» siguió circulando igual, porque las correcciones tienen la vida útil de una tarde y las fórmulas tienen la vida útil de una consigna.

¿Y el juicio? Sigue vivo, y ahí está el dato que a mí me dejó sin aire cuando lo verifiqué. Sudáfrica presentó su memoria en octubre de 2024. Israel presentó la contramemoria en marzo de 2026. Por orden del 21 de mayo de 2026, la Corte fijó el 22 de noviembre de 2027 para la réplica sudafricana y el 22 de mayo de 2029 para la dúplica israelí. Después de eso vienen las audiencias orales, y después la deliberación.

Sáquese la cuenta. El tribunal que tiene que decidir si hubo genocidio en Gaza no va a decidirlo antes de 2029, y con suerte. Mientras tanto, a las más de veinte declaraciones de intervención que anoté en la primera sección se sumaron, en marzo de 2026, las de Namibia, Hungría, Fiyi y Estados Unidos, este último para defender explícitamente la posición israelí, cosa insólita en ese tipo de intervención.

O sea que el expediente está exactamente donde estaba: sin sentencia. Y acá viene la bisagra de la columna, que no es la inocencia de nadie.

Genocidio no es un adjetivo, es un tipo penal, y los tipos penales los declara un tribunal competente. Para este hay dos permanentes, y son dos: la Corte Internacional de Justicia, que juzga la responsabilidad de los Estados por el artículo IX de la Convención, y la Corte Penal Internacional, que juzga la responsabilidad penal de las personas. Se les suman los tribunales creados para un conflicto, como los de la ex Yugoslavia y Ruanda, y los tribunales nacionales que se declaren competentes. Ninguno declaró genocidio en Gaza. La Corte de La Haya dictó cautelares sobre un riesgo y no falló el fondo. La Corte Penal imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son otro delito y tienen otro artículo.

No es que estos tribunales no condenen. El de Ruanda condenó a Jean-Paul Akayesu en 1998, primera sentencia por genocidio de la historia del derecho internacional. El de la ex Yugoslavia condenó por Srebrenica a Radovan Karadžić y a Ratko Mladić, confirmadas en 2019 y en 2021. Un tribunal alemán condenó en 2021 a cadena perpetua por el genocidio contra los yazidíes, a partir del asesinato de una nena de cinco años, y lo hizo por jurisdicción universal, sin que el crimen ocurriera en Alemania. Cuando hay con qué, condenan.

El que más cerca estuvo de decirlo sobre Gaza fue un tribunal holandés, en el pleito por la exportación de repuestos de los F-35. Y fue expreso: no estaba resolviendo si Israel comete genocidio, sino si existe riesgo serio de que lo cometa. La distinción la puso el tribunal, no yo.

Todo lo demás que se invocó estos dos años como si fuera un fallo, no lo es. Una comisión de investigación es un órgano que informa. Una relatoría especial es un mandato que opina. Una asociación de estudiosos es un colegio profesional que vota una declaración. Un parlamento que aprueba una moción hace política, que es su oficio y está bien que lo haga. Ninguno de esos cuerpos tiene la potestad de declarar el delito, y señalarlo no los desdeña en nada: alcanza con leer el organigrama.

Y acá se ve para qué servía el maná de la primera sección. Alimenta hoy y se pudre al salir la primera estrella. Una convicción que no se apoya en prueba hay que juntarla de nuevo cada mañana, porque la de ayer amaneció podrida en el recipiente, y por eso el coro no puede callarse nunca. No es fanatismo: es gula. El que se sirve de adhesiones vuelve al plato todos los días, y el que se sirve de un expediente puede dormir tranquilo cien años y un día, que es lo que van a tardar en La Haya.

Escribí en la columna sobre el libelo colonial que no se le puede hacer cirugía a la definición para poder aplicarla. Esta es la misma operación en la sala de al lado. Si el tribunal competente no dijo lo que uno necesita que diga, se asciende a tribunal a cualquiera que sí lo haya dicho. Primero se abarata la palabra. Después se abarata el juez.

Y con la palabra sin abaratar y el juez en su lugar, lo que queda dicho es lo que quedó dicho: nadie con potestad para declararlo lo declaró.

LAS CIFRAS QUE VIAJAN

VLa aritmética que no cierra

Dije que las cifras oficiales son sustancialmente correctas. Lo sostengo. Las que no lo son, las que se caen con una calculadora, son otras: son las que viajan.

Ginebra, 15 de septiembre de 2025, conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas. La relatora especial Francesca Albanese menciona primero la cifra confirmada, unos 65.000 muertos. Y después agrega, textual, que hay que «empezar a pensar en 680.000». Es el número que, según ella, «algunos académicos y científicos sostienen» que sería el balance real. Y agrega una segunda cosa: «si ese número se confirma», 380.000 de esos muertos serían bebés menores de cinco años. En la misma respiración aclara que «sería difícil poder probar o refutar esta cifra».

Está todo en la transcripción oficial de la ONU. No hace falta creerme.

Ahora, la calculadora. Según UNICEF, en octubre de 2024 había en toda la Franja de Gaza unos 335.000 niños menores de cinco años. Todos. Los vivos, en octubre de 2024, en la totalidad del territorio.

La cifra que se propuso «empezar a pensar» supone, entonces, que murieron más bebés menores de cinco años que los bebés menores de cinco años que había. No es una exageración, ni un redondeo generoso, ni una estimación optimista del subregistro. Es una imposibilidad aritmética, del mismo orden que decir que en un ómnibus de cuarenta asientos viajaban sesenta muertos.

Ya escribí en otra parte sobre el condicional que no viaja, así que no lo repito acá: el «si se confirma» se queda en el podio y el 680.000 sale a la calle solo. Lo que quiero mostrar ahora es otra cosa, y es dónde aterriza.

Aterriza en Montevideo veinticinco días después. El 10 de octubre de 2025, en el semanario Brecha, una columna sobre Gaza escribe esta frase, que copio entera porque entera es el argumento de esta columna:

Los muertos que Israel ha dejado en Gaza están en algún lugar entre los 67 mil y 680 mil, en su mayoría mujeres y niños. Hace mucho que la calificación de genocidio dejó de ser objeto de debate para los expertos, pese al empeño que le dedican a la idea de una inexistente «polémica» muchos medios y políticos uruguayos.

Deténgase acá conmigo un segundo, porque hay pocas frases en el corpus uruguayo que se autorrefuten con esta elegancia.

En la primera mitad de la oración hay un rango de uno a diez. Sesenta y siete mil o seiscientos ochenta mil. La diferencia entre los dos extremos, seiscientos trece mil personas, es más que la población de Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado y Tacuarembó sumadas. El autor no sabe, y lo dice con una honestidad que le reconozco: escribe «en algún lugar entre».

En la segunda mitad de la misma oración, sin punto y seguido de por medio, la causa está cerrada, el debate terminó «hace mucho» y la polémica es «inexistente».

Incertidumbre de un orden de magnitud sobre cuántos muertos hay. Certeza absoluta sobre cómo se llama el crimen. Y las dos cosas conviviendo en el mismo renglón, sin que el autor sienta la necesidad de explicar cómo se llega a una conclusión firme partiendo de una premisa que baila en un factor de diez.

Nadie que esté midiendo escribe así. El que mide dice «entre tanto y tanto, y por lo tanto todavía no puedo afirmar». La frase de Brecha hace lo contrario: usa el rango para mostrar magnitud y después lo abandona, porque el número nunca fue el fundamento. El número era el decorado. La conclusión ya estaba ahí antes, y no se la puso el autor: se la pusieron.

Esa es la cadena de transmisión completa, y se puede fechar. Quince de septiembre, podio de Ginebra, cifra imposible con blindaje gramatical. Diez de octubre, Montevideo, la cifra imposible reaparece como extremo de un rango, ya sin blindaje, adentro de una frase que declara clausurado el debate.

Veinticinco días. Ese es el tiempo que tarda un número que no existe en volverse el techo de una discusión uruguaya.

DIECISIETE DE OCTUBRE

VIEl primer número

Nada de esto empezó en Ginebra. Empezó diez días después del 7 de octubre, y empezó con un número que era falso y que sigue vivo.

El 17 de octubre de 2023, a la tardecita, una explosión sacudió el estacionamiento del hospital bautista Al Ahli, en la ciudad de Gaza. En cuestión de minutos el Ministerio de Salud atribuyó la explosión a un ataque aéreo israelí y habló de más de quinientos muertos. En cuestión de horas la cifra y la autoría estaban en la tapa de medio planeta, en cadenas nacionales, en declaraciones de gobiernos y en una convocatoria de manifestaciones que se llenaron esa misma noche.

Después vino la otra mitad, que ya no fue titular de tapa.

La evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense, difundida el 19 de octubre, estimó entre cien y trescientos muertos, no quinientos. Human Rights Watch publicó sus hallazgos el 26 de noviembre de 2023: la explosión no fue causada por un bombardeo israelí sino, con toda probabilidad, por un cohete lanzado por un grupo armado palestino que falló y cayó en el predio. Las fotos aéreas no mostraban el cráter que dejan las bombas de aviación. Human Rights Watch aclaró, y hay que aclararlo con ellos, que faltaba determinar quién lo lanzó y pidió una investigación independiente con acceso a los restos del proyectil.

The New York Times publicó una nota de sus editores. Admitía que su cobertura inicial «no sirvió bien a sus lectores ni a los hechos», por haberse apoyado demasiado en las afirmaciones de Hamás sin aclarar que no podían verificarse. La BBC reconoció que la especulación de uno de sus cronistas al aire había sido, en retrospectiva, un error.

Ahora, antes de que esto se vuelva cómodo, el reverso, porque en ese mismo episodio la máquina funcionó también de mi lado. Un vocero digital israelí publicó, y borró enseguida, un mensaje que atribuía a las fuerzas israelíes un ataque contra una base de Hamás dentro del hospital. Ese posteo borrado circuló después, durante meses, como la prueba de la autoría israelí: la retractación no lo desactivó, lo convirtió en evidencia de encubrimiento. Nadie diseñó eso. Es lo que pasa cuando alguien apurado quiere anotarse un punto en el peor momento posible.

De todo el episodio me interesa una sola cosa, y no es quién tiró el cohete.

Las correcciones existieron. Fueron públicas, fueron rápidas para los estándares del oficio, las firmaron instituciones nada sospechosas de simpatía israelí y están a un clic de distancia. Y no sirvieron para nada. Los quinientos muertos del hospital bombardeado por Israel siguen siendo, tres años después, un episodio conocido y citado. Las manifestaciones que se convocaron con ese número no se desconvocaron cuando el número se cayó. No eran por el número.

Ese es el punto entero de esta serie, y acá está en su forma más limpia. La refutación circula en un canal distinto del que usó la afirmación, llega más tarde, viaja mucho menos y le habla a otra gente. No hace falta que nadie mienta después: alcanza con que la primera versión haya llegado primero.

EL CONTROL DEL EXPERIMENTO

VIIAhora las mías

Si en este punto usted está asintiendo con entusiasmo, tengo malas noticias, porque ahora viene la parte donde traigo los especímenes de mi lado. Y no los traigo por prolijidad moral ni para parecer equilibrado. Los traigo porque sin ellos lo anterior deja de ser un hallazgo y pasa a ser una acusación.

Un mecanismo que solo aparece del lado del otro no es un mecanismo. Es un prejuicio con gráficos.

Marzo de 2024. El profesor Abraham Wyner, de la Universidad de Pensilvania, publica en Tablet un artículo cuyo título dice que el Ministerio de Salud de Gaza «falsifica» sus cifras. El argumento es estadístico y suena impecable: los reportes diarios entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2023 muestran una linealidad demasiado perfecta y una correlación negativa imposible entre muertes de hombres y de mujeres. Yo lo leí. Yo lo compartí. Me sirvió.

Al día siguiente, Lior Pachter, de Caltech, mostró que el hallazgo era un artefacto: Wyner había trabajado sobre sumas acumuladas en lugar de datos diarios, y las sumas acumuladas inflan artificialmente el ajuste. Con los datos diarios, la varianza observada era, si acaso, mayor que la esperable por azar. Joshua Loftus, de la London School of Economics, lo calificó como «uno de los peores abusos de la estadística» que había visto. Wyner terminó circunscribiendo su objeción: ya no discutía el total acumulado, sino la proporción atribuida a mujeres y niños.

Trece de diciembre de 2024. Andrew Fox publica para la Henry Jackson Society un informe según el cual el Ministerio inflaba las bajas civiles registrando muertes naturales como bajas de bombardeo y anotando hombres adultos como niños. Michael Spagat, que se dedica profesionalmente a contar muertos en guerras y que no es sospechoso de simpatía por Hamás, fue a revisar la base. Encontró inconsistencias de sexo en el 0,5% de los registros, repartidas casi en partes iguales para los dos lados: sesenta y siete hombres anotados como mujeres y cuarenta y nueve mujeres anotadas como hombres. Eso no es fraude. Eso es lo que pasa cuando se cargan planillas en un hospital sin luz.

Octubre de 2023, y este es el que más me cuesta escribir. Los cuarenta bebés decapitados. La afirmación salió de una cronista en el terreno, la levantaron funcionarios, la repitió el presidente de los Estados Unidos, la puso en tapa medio planeta, y nunca se sustanció. Las autoridades israelíes terminaron sin poder confirmarla. Es el hermano gemelo del hospital de la sección anterior: misma semana, misma velocidad, misma cifra redonda y espantosa, misma corrección tardía por un canal que no era el de la afirmación. Y es de mi lado.

Febrero de 2026. UN Watch difunde un clip de una intervención de Albanese en el foro de Al Jazeera en Doha, presentado como si ella hubiera llamado a Israel «el enemigo común de la humanidad». La grabación completa dice otra cosa, y el antecedente de la frase no es Israel. Los cancilleres de Francia, Alemania, Italia, la República Checa y Austria pidieron su renuncia entre el 10 y el 12 de febrero. France 24 y Euronews desmintieron el clip, y los dos sostienen que el audio no estaba solamente recortado sino alterado. La oficina de derechos humanos de la ONU salió a hablar de desinformación contra funcionarios.

Julio de 2025: Estados Unidos sancionó a esa misma relatora. Un juez federal estadounidense suspendió la sanción por violar la libertad de expresión. El Tesoro la levantó el 21 de mayo de 2026, y una cámara de apelaciones la repuso pocos días después, así que al escribir esto sigue vigente. Consigno las tres etapas y no solo la del medio, que es la que me convenía.

Seis episodios, y hago la cuenta honesta en vez de la cómoda: cuatro son de mi lado y dos del otro. Los bebés decapitados, Wyner, Fox y el clip recortado son míos; el 680.000 y la frase de Brecha son ajenos. No es un empate y no lo voy a maquillar como empate. Lo que muestra la comparación no es que un bando mienta menos, sino que la técnica es una sola: el dato con aspecto de rigor, el recorte con aspecto de cita, la autoridad institucional prestándole al enunciado un crédito que el enunciado no tiene.

Me queda una impresión, y la doy como impresión y no como hallazgo, porque no tengo manera de medirla y sería incoherente contrabandearla como dato. A Wyner lo desarmaron en veinticuatro horas y en público, y el que lo desarmó no perdió nada. Tengo la sensación de que del otro lado del pasillo corregir sale más caro. No puedo probarlo, no tengo el caso ni el nombre ni la expulsión documentada, y por lo tanto no lo pongo como argumento. Lo pongo como lo que es: algo que creo y que no probé.

Y me falta el peor de todos, que no es una cifra sino una costumbre, y es mía.

Los judíos tenemos una debilidad que supongo que viene de ser humanos: queremos que nos quieran siendo judíos, y no a pesar de ser judíos. Es una aspiración modesta y no le hace mal a nadie. Pero tiene una consecuencia que sí hace mal, y la voy a decir de la única manera en que se puede decir, que es en primera persona. Para conseguir eso uno concede. Concede premisas que no son justas, no porque las crea, sino porque parecen el precio de entrada a un acuerdo de base. Yo lo hice. Concedí cosas que no eran ciertas para poder seguir sentado a la mesa.

Nunca funcionó. No funcionó conmigo, no funcionó con nadie y no va a funcionar, porque el que pone ese precio de entrada no está negociando: está cobrando peaje. Se concede una premisa, se pide la siguiente, y el acuerdo de base se corre un metro más allá cada vez.

Por eso en todo lo que llevo escrito no concedí ni una premisa. Concedí hechos, que es otra cosa: los muertos, la hambruna, la destrucción, las declaraciones de los ministros. Un hecho se concede porque es cierto. Una premisa se concede para que lo quieran a uno, y eso ya no es argumentar: es sobornar.

LO QUE NADIE CUENTA

VIIIEl agujero verdadero

Prometí volver sobre el único reproche que las cifras oficiales sí merecen, y vuelvo, porque es el corazón de todo el asunto y casi nadie lo mira.

El Ministerio de Salud de Gaza no distingue combatientes de civiles. No los distingue mal: no los distingue. Sus reportes dan muertos, y punto.

Esto no es una objeción menor ni un capricho de contador. Si de setenta y tres mil muertos la enorme mayoría son civiles alcanzados sin distinción, el patrón empuja hacia una conclusión. Si una porción sustancial son combatientes de una organización armada que peleó dos años desde adentro de una ciudad, el mismo número empuja hacia otra. El total no discrimina nada; la proporción, sí.

Con dos advertencias que me hago a mí mismo antes de seguir, y que le sacan a este argumento las tres cuartas partes de la comodidad que parecía tener.

La primera ya la anoté en la sección II y vuelvo a cobrármela: en Srebrenica las víctimas eran varones en edad militar, y fue genocidio igual. O sea que la proporción es un indicio y no una llave maestra. Un saldo de mayoría masculina no absuelve, del mismo modo que un saldo de mayoría civil no condena. Lo que decide es si hubo selección del grupo, y la proporción es apenas una de las maneras de rastrearla.

La segunda es peor para mí. La proporción pesa sobre el primero de los cinco actos del artículo II, el de la matanza. No pesa sobre el tercero, que es el sometimiento del grupo a condiciones de existencia destinadas a acarrear su destrucción física. Y ahí el expediente no está en blanco: yo mismo concedí en la primera sección una hambruna confirmada por el sistema técnico de Naciones Unidas, y la Corte Penal Internacional imputó el uso del hambre como método de guerra. Sobre ese inciso hay material, y es abundante. Sigue haciendo falta la intención, y el asedio admite otra explicación razonable, que es la militar; pero si yo dijera «no hay dato» a secas estaría haciendo lo que le reprocho a los demás, que es citar los cinco actos y litigar uno solo.

¿Y cuál es la proporción? Nadie lo sabe. Y acá es donde hay que ser parejo hasta que duela.

Una base de datos de inteligencia israelí filtrada a la revista +972 sugirió que el 83% de los muertos identificados eran civiles. Israel no confirmó nunca esa cifra. Tampoco publicó la propia: el Estado que tiene los medios técnicos para estimar cuántos combatientes mató no publicó jamás un desglose auditable. Del otro lado, la refutación más difundida de ese 83% es la de UN Watch, a través del analista Salo Aizenberg. Sostiene que el cálculo es absurdo: contabilizó como combatientes solo a los que las fuerzas israelíes habían identificado con nombre y apellido en comunicados públicos, y mandó al casillero de civiles a todos los demás. El argumento es bueno. La fuente es de parte, y hay que decirlo en el cuerpo del texto y no escondido en una nota, exactamente como corresponde decirlo cuando la fuente de parte es la otra.

Hagamos igual la cuenta que se puede hacer, con la cifra del propio bando. Dirigentes israelíes vienen sosteniendo públicamente que mataron alrededor de veinte mil combatientes. Tomemos esa cifra, que es la que más me conviene, y dividámosla delante del lector: veinte mil sobre setenta y tres mil da poco más de un cuarto. Tres de cada cuatro muertos serían civiles, según el número que da la parte interesada en que sean pocos. Eso no prueba genocidio, y tampoco es un resultado que me sirva para nada.

Hay más que tampoco me sirve. La revista +972 es la misma cuya filtración usé hace dos párrafos, y a la que le hice el escrutinio que correspondía. Publicó también una investigación sobre los sistemas automatizados de selección de blancos, y sobre los márgenes de daño colateral autorizados de antemano por objetivo. No la puedo citar para lo que me resta y silenciarla para lo que me suma. Un margen de daño colateral autorizado de antemano prueba indiferencia hacia la vida civil, y la indiferencia hacia la vida civil es gravísima y tiene tipo penal propio. Lo que no prueba es la voluntad de destruir al grupo como tal. Un margen preautorizado supone, por definición, que hay un objetivo militar del otro lado del margen; el que mata para destruir a un pueblo no necesita calcular márgenes.

Sumá lo demás. Los dos bandos tienen incentivos alineados en la misma dirección: a uno le conviene que todos los muertos sean civiles y al otro le conviene no publicar cuántos no lo eran. Los investigadores independientes estuvieron dos años sin poder entrar. Y hay un estudio de mortalidad publicado en The Lancet Global Health que estima un subregistro de alrededor del 41% para muertes traumáticas, lo que empujaría el total hacia arriba y no hacia abajo. Anoto la salvedad, que es real y que la propia revista precisó después: es una estimación por encuesta poblacional y no un recuento nominal. Pero anoto también que la estoy usando como uso el resto, y que si hago valer la incertidumbre cuando me favorece y la relativizo cuando no, soy el columnista de Brecha con otro sombrero.

Poné la lista completa arriba de la mesa, porque leída junta dice algo que leída de a pedazos no se ve. La proporción entre combatientes y civiles no la contó nadie. La mortalidad que exigía el umbral de la hambruna se infirió y no se midió, y lo dice el propio comité. Los investigadores independientes estuvieron dos años sin poder entrar. La primera encuesta poblacional representativa desde antes de la guerra se hizo recién en 2026, y dejó afuera al diecisiete por ciento de la población por falta de acceso. E Israel, que tiene los medios técnicos para estimar a cuántos combatientes mató, no publicó jamás un desglose auditable.

Sobre ese vacío se levantaron informes, resoluciones, votaciones y titulares.

Y un veredicto construido sobre la ausencia de datos no constituye un saber, apenas es una ideología en acción. La diferencia entra en dos verbos. Una cosa es «yo sé» y otra es «elijo creer», y en esta discusión casi todo el mundo dice lo que dicta la voz de su tribu, porque tiene terror de ser expulsado, o «funado», o «cancelado», o la que sea la última versión del precio que tenga la dignidad y la honestidad intelectual en el tipo de cambio al día de los mercaderes de la dopamina. La falta de datos no es un accidente. Siempre hay alguien que saca provecho, porque esa falta es la condición de la glorificación de la ignorancia que hace posible todo lo demás.

Conclusión: sobre el dato del que depende la parte principal de la imputación, no hay dato. Y en un cargo penal, la ausencia de prueba no es un empate. Es una respuesta.

Falta lo que sí está escrito, y sería una cobardía terminar la sección sin ponerlo. En el expediente sudafricano, la prueba más fuerte de intención está en las declaraciones y no en las cifras, y las voy a citar con nombre y con fecha porque en esta serie el que cita recortando pierde el derecho a quejarse.

El 9 de octubre de 2023 el ministro de Defensa Yoav Gallant anunció el asedio completo de la Franja: «no habrá electricidad, ni comida, ni combustible, todo cerrado», y agregó que estaban peleando contra «animales humanos» y que actuarían en consecuencia. El 13 de octubre el presidente Isaac Herzog dijo que era «toda una nación» la responsable, y que no era cierta la retórica de los civiles no involucrados; después matizó. Y el 28 de octubre Benjamin Netanyahu invocó a Amalek, que en el texto bíblico viene con una orden de exterminio adjunta.

No las traigo para relativizarlas. Las tres me avergüenzan, las tres están en la demanda de Sudáfrica exactamente por esto, y el gobierno que las produjo tendrá que explicarlas donde corresponda. Pero una declaración política no es una orden militar, y el artículo II pide intención, no bravuconada. Para que esas frases sirvan como prueba del dolo hay que mostrar que bajaron a la cadena de mando y se volvieron operaciones, y eso no está mostrado. En sentido contrario está, entre otras cosas, la propia Corte Suprema israelí ordenando en más de una ocasión aumentar el ingreso de ayuda, que es exactamente lo que no hace un Estado con un plan de destrucción. La carga de cerrar esa distancia es del que acusa, y sigue abierta.

Ahora superponé todo eso con el estándar de la sección III, y fijate en algo que casi nadie mira: el estándar no es simétrico. No dice que en la duda no se sabe. Dice que la intención de destruir al grupo tiene que ser la única inferencia razonable que se pueda extraer del patrón. Alcanza con que quede en pie otra explicación razonable para que la imputación no prospere, y la carga de derribarla es del que acusa.

Otras explicaciones razonables hay, y ninguna de ellas es amable. Una guerra urbana de dos años contra una organización armada incrustada en la población civil. Una conducción indiferente a la vida de esa población. Crímenes de guerra, que son crímenes, tienen nombre propio y tienen tribunal. Elegí la que te parezca peor de las tres: mientras cualquiera siga en pie, la inferencia del genocidio no es la única, y por lo tanto no es.

Así que no digo que no se sepa. Digo lo otro, que es lo que la Convención obliga a decir cuando se la aplica como se la aplica en el resto del mundo: en Gaza no hubo ni hay genocidio. Hubo una guerra atroz. No son la misma cosa, y que no lo sean es todo lo que vengo escribiendo desde la primera página.

El que dice «es obvio» no leyó el expediente. El que dice que ahí no pasó nada, tampoco.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

IXLo que ya estaba en el cajón

Hay un dato que cambia la forma de mirar todo lo anterior, y no lo puse antes porque quería que las secciones anteriores se sostuvieran sin él.

El 16 de septiembre de 1982, milicianos de la Falange libanesa, al mando de Elie Hobeika, entraron a los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila y mataron durante dos días. El Ejército israelí no ejecutó la matanza. Rodeó los campos, controló las salidas, tiró bengalas de iluminación durante la noche, recibió reportes de lo que estaba pasando adentro y no intervino. En 1983 una comisión de investigación israelí, la Comisión Kahan, encontró responsabilidad personal e indirecta del ministro de Defensa, Ariel Sharon, por haber ignorado el riesgo previsible de una masacre por venganza, y recomendó su destitución. Sharon dejó el Ministerio de Defensa.

Escribo esa última parte sin ningún gusto, y la escribo entera. Un Estado investigó a su propio ministro por lo que había pasado en un campo de refugiados de otro país y lo sacó del cargo. Eso ocurrió, y ocurrió en 1982, y es parte del expediente.

Ahora la otra mitad. El 16 de diciembre de 1982 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 37/123, sección D. Su párrafo dispositivo dice, íntegro y sin agregados:

Resuelve que la masacre fue un acto de genocidio.

Once palabras en inglés, una sola oración, sin fundamentación, sin análisis de los elementos de la Convención, sin discusión de la intención específica, sin mención de quién había ejecutado materialmente la matanza. El jurista Antonio Cassese dejó registrado que la delegación proponente se limitó a decir que la resolución «se explicaba por sí sola» y que no hubo debate sobre los hechos ni sobre las implicancias legales. William Schabas, que es probablemente el especialista vivo más citado en derecho del genocidio, sostuvo que el término fue «obviamente elegido para avergonzar a Israel».

Mil novecientos ochenta y dos. Cuarenta y un años antes del 7 de octubre.

Y no empezó ahí. La acusación viene rodando desde los años sesenta, montada en la diplomacia soviética y en la del bloque no alineado. De ahí salió la resolución 3379 de 1975, la que declaró que el sionismo era una forma de racismo. Hubo que derogarla en 1991, cuando cayó el patrocinador. Ilan Pappé calificó de genocidio la situación de Gaza ya en 2006, y acuñó la fórmula «genocidio incremental» en 2014. En 2008, con la operación Plomo Fundido, la acusación se activó en cuestión de días.

Ahora, atención, porque acá es donde esta columna se puede arruinar sola y no la voy a arruinar.

Que la palabra tenga cuarenta años de antigüedad no prueba que hoy sea falsa. Sería exactamente la falacia genética que denuncié cuando escribí sobre el libelo jázaro, y no pienso pagar de mi bolsillo el precio barato que le cobro a los demás. Una acusación repetida durante décadas puede terminar siendo cierta; los que gritaron «lobo» toda la vida tienen, alguna vez, un lobo enfrente.

Lo que el dato prueba es otra cosa, más chica y más útil. Prueba que la palabra ya estaba en el cajón. Y una palabra que ya está en el cajón no necesita que los hechos la convoquen: le alcanza con que los hechos no la contradigan del todo. Se saca, se aplica, se vuelve a guardar, y en el intervalo nadie tuvo que hacer el trabajo de la sección III.

Esa es la diferencia entre una conclusión y una liturgia. La conclusión se construye desde los hechos hacia el nombre. La liturgia tiene el nombre desde antes y va a buscar los hechos que lo justifiquen. Las dos cosas pueden coincidir en el mismo veredicto y no son la misma operación mental.

Falta el reverso, y sin el reverso todo esto es un garrote. Mi palabra también está en un cajón. «Antisemitismo» es el sustantivo que le da título a esta serie, tiene décadas de uso preventivo, y a veces le alcanza con que los hechos no la contradigan del todo. También está en el cajón, disponible desde 1982, la fórmula «no es genocidio, es una guerra urbana». La herramienta que acabo de fabricar sirve exactamente igual contra mí, y sería ridículo pretender que la fabriqué de un solo filo.

La diferencia que reclamo no es de pureza, porque no la tengo. Es de carga. Cuando yo saco mi palabra del cajón, tengo que decir el artículo, el estándar y la prueba, y aguantarme que me revisen las tres. Eso es todo lo que pido del otro lado.

Y como sé que «liturgia» dicho así es un insulto que no se puede refutar, dejo la prueba que lo vuelve falsable, y me la aplico primero a mí. ¿Cómo se distingue una conclusión de una liturgia desde afuera? Por lo que hace el que la sostiene cuando le muestran un dato que no encaja. Si lo incorpora y se corrige, era una conclusión. Si lo administra, lo relativiza o lo manda a una nota al pie, era una liturgia. Es exactamente el test que me hice yo en la sección VII, y salí raspando.

EL ESPEJO

XPor qué esta palabra y no otra

Falta explicar lo único que todavía no expliqué, que es por qué esta palabra y no otra. Porque si de lo que se trata es de denunciar una guerra atroz, hay un vocabulario entero disponible y ninguna de esas palabras es floja. Crímenes de guerra. Castigo colectivo. Crímenes de lesa humanidad. Hambruna provocada. Todas son gravísimas, todas tienen tribunal, y ninguna es esta.

La respuesta la sabe cualquiera que la haya usado, aunque no se la haya formulado. Esta palabra tiene una propiedad que las otras no tienen: fue escrita para nosotros.

Lemkin la inventó en 1944 mirando lo que le estaban haciendo a su familia. La Convención se firmó en 1948, tres años después de Auschwitz, y el Estado que se acusa hoy se fundó ese mismo año y por eso mismo. De modo que decirle genocida a Israel no es imputarle un crimen. Es imputarle ese crimen. La palabra viene con un espejo adentro, y el espejo es el rendimiento.

Acá hay que ir con cuidado, porque la tentación es cobrarla toda de una y la trampa está justo ahí.

La definición de trabajo de la IHRA, adoptada por más de cuarenta países, incluye entre sus ejemplos «establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis». Yo podría dar vuelta la página con eso y declararlo resuelto. No lo voy a hacer, por dos razones. La primera es que esos ejemplos son discutidos, incluso por juristas que no tienen nada de antisemitas, y la propia definición aclara que hay que considerar el contexto general. La segunda es la que me importa: la enorme mayoría de la gente que dice «genocidio» no está haciendo ninguna comparación con los nazis. No la está haciendo, no la piensa y se ofendería si se la atribuyeran. Acusarla de eso sería leerle la intención, que es precisamente lo que le reprocho al que me lee la mía.

El mecanismo es más fino que eso y no necesita que nadie compare nada.

La comparación no hay que hacerla: está en la palabra. El que dice «genocidio» ejecuta el espejo sin nombrarlo, y por eso la palabra rinde tanto más que «crímenes de guerra» al costo de una sílaba más. No es que la gente elija el término más grave por maldad. Lo elige porque es el que más rinde, y rinde más porque toca el único lugar donde la cosa duele de verdad. La economía de esto ya la describí en la columna sobre la Nakba y no la voy a repetir: decir la palabra correcta tiene rendimiento inmediato, medible y gratuito, y verificarla tiene costo puro.

Falta la última pieza, la que cierra el círculo con la primera página.

Una acusación contra un Estado se dirige a un Estado. Esta no. Esta viaja. Salta del Estado al que lo defiende, del que lo defiende al que no lo condena con suficiente énfasis, y del que no condena con suficiente énfasis al que simplemente es. Por eso llega hasta un tipo en Montevideo que nunca vio Gaza y cuya relación con la maquinaria militar israelí consiste en tener opiniones. No llega por error ni por exceso. Llega porque el destinatario nunca fue un gobierno.

Y ahí la palabra deja de ser un cargo penal y pasa a ser lo que en realidad es en el uso que denuncio: una prueba de admisión. Se te ofrece decirla. Si la decís, entrás. Si preguntás por el artículo II, por el estándar de prueba o por la fecha de la dúplica, nadie te va a decir que estás equivocado. Ya te ubicaste del lado de allá, y la conversación termina no porque hayas perdido el argumento sino porque perdiste el lugar.

Un examen así se rinde en una mesa, en un aula o abajo de un posteo. Pero también se lo puede rendir en alta mar, con prensa embarcada y ruta prevista, y entonces ya no estamos ante una opinión sino ante una liturgia con logística. Ese examen merece crónica aparte y algún día se la voy a escribir.

EL CIERRE

XILo que no puedo saber

Llegué al final y tengo una respuesta, aunque no sea la que nadie quería.

Vi un número de muertos enorme, que ya no discuto. Vi una destrucción que no se explica solo por la necesidad militar. Vi hambruna confirmada por el sistema técnico de Naciones Unidas. Vi declaraciones de ministros israelíes que me dieron vergüenza ajena y algo peor que vergüenza. Nada de eso lo relativizo, nada de eso lo perdono y nada de eso se me va a olvidar.

Y vi también una guerra urbana de dos años contra una organización armada que peleó desde abajo de la ciudad; una variable decisiva que ninguno de los dos bandos midió porque a ninguno le convenía medirla; un tribunal que no va a hablar antes de 2029; y ningún juez del mundo, hasta hoy, que haya dicho la palabra.

Con eso sobre la mesa, y con el estándar que la propia palabra exige, mi respuesta es que no. En Gaza no hubo ni hay genocidio. Hubo una guerra atroz, con crímenes que tienen nombre propio y tienen juez, y decir esto no es defender a nadie: es negarse a cambiar una palabra por otra. Es toda mi posición y no le sirve a nadie, y sospecho que por eso no la vas a leer en muchas partes.

Lo que sí sé es lo que le pasó a la pregunta mientras esperaba.

Se contestó antes de examinarse. Se convirtió en consigna, después en identidad, y por último en peaje. Se le puso al final una cláusula que ninguna pregunta honesta tiene, que es la que dice que preguntar ya es una respuesta. Y una vez instalada esa cláusula, el que quiere pertenecer no necesita mentir: le alcanza con no averiguar, que sale mucho más barato y encima se siente igual de bien por dentro.

Vuelvo al principio, que es donde estaba el señor sentado frente al teclado.

La Corte Internacional de Justicia dice que para nombrar el crimen más grave del catálogo hay que poder sostener que la intención de destruir es la única inferencia razonable que puede sacarse de la conducta. Es una vara altísima y está bien que lo sea. Acabo de usarla y me dio que no. Ahora la voy a usar de nuevo, con la misma mano y sin aflojarla, pero apuntando para el otro lado: no a Israel, sino a los que me escriben a mí.

Cuando alguien me dice genocida, ¿cuál es la única inferencia razonable que puedo sacar de su conducta? ¿Que me odia por judío?

Y la respuesta es que no puedo. Hay por lo menos tres explicaciones razonables más, y las tres las vengo escribiendo hace un año. Que le contaron una versión a la que le sacaron pedazos y nadie le mostró nunca los que faltan. Que decirlo le rinde y callarse le cuesta. Que a esta altura la frase ya no es una afirmación sobre el mundo sino un saludo entre los suyos. No puedo elegir una y descartar las otras dos, y por lo tanto no estoy autorizado a decir de él lo que él dice de mí.

Ahí está toda la diferencia, y no está en la conclusión: está en el camino. Yo fui hasta el artículo II, hasta el estándar de prueba, hasta la fecha de la dúplica y hasta cuatro mentiras de mi propio bando, y recién ahí contesté. Él llegó a genocida sin abrir la Convención.

Por eso él puede decir de mí lo que dice, y yo no puedo decir de él lo mismo. Esa incapacidad mía, que él no tiene, es lo único que traje para mi defensa. Es bastante poco y es todo.