Nakba: la palabra que cambió de dueño

Antes de seguir quiero decir con precisión qué parte de esto no se discute, porque el resto del capítulo no vale nada si primero no queda claro.

En 1948 unas setecientas mil personas perdieron sus casas. Las cifras no cierran entre sí y las muestro todas. El propio Benny Morris, trabajando sobre los archivos militares israelíes, habla de entre seiscientos mil y setecientos sesenta mil entre noviembre de 1947 y octubre de 1950. La misión de encuesta económica de Naciones Unidas fijó setecientos veintiséis mil. Los voceros israelíes de la época decían quinientos veinte mil, los árabes hablaban de un millón. Uso el rango porque cualquier número redondo que elija va a ser el número de alguien.

Perdieron aldeas que ya no existen. Perdieron llaves que todavía se guardan. Hubo masacres, y hubo expulsiones documentadas con orden escrita, y Lidda y Ramle en julio de 1948 son el caso que ningún argumento decente puede saltear.

Eso pasó, y duele, y no hay ninguna versión de esta columna que dependa de negarlo.

Lo que viene después no es un pero. Es otra cosa.

Sobre ese dolor verdadero, que es el único de los cinco cargos de esta serie que descansa sobre un hecho real, se construyó una operación cuyos pilares no lo son. Y la mejor manera de mostrarlo no es discutir las cifras del éxodo, que ya discutieron mejor los historiadores. Es mirar la palabra.

En agosto de 1948, mientras la guerra todavía estaba en curso, se publicó en Beirut un libro corto que se llamaba Ma'na al-Nakba, el significado de la catástrofe. Lo escribió Constantin Zurayk, historiador sirio de familia cristiana ortodoxa de Damasco, formado en la Universidad Americana de Beirut y doctorado en Princeton, vicerrector de su universidad, y una de las cabezas del nacionalismo árabe laico de su generación.

Zurayk acuñó ahí la palabra que hoy conocemos. Y la usó para decir algo que hoy nadie dice.

Su libro no es un lamento por lo que los judíos le hicieron a los palestinos. Es un ajuste de cuentas de un árabe con los árabes. Zurayk sostiene que la responsabilidad de la catástrofe es de las naciones árabes: la mala preparación para la batalla, la desunión, la subestimación de la fuerza del enemigo. Insiste en la necesidad de asumir la derrota como propia y aprender de los errores. Y advierte de manera expresa que no hay que echarle la culpa a los judíos, ni a los británicos, ni a los estadounidenses, ni a los rusos, ni a Naciones Unidas.

Ni siquiera menciona a los palestinos como pueblo diferenciado. Para él la Nakba es una herida infligida a la nación árabe entera, y se la infligió ella misma.

Vale detenerse en lo que esto no significa, porque me interesa que el argumento aguante y no que suene bien. Zurayk no es un testigo amable. Su libro es antisionista y panarabista, escrito desde la furia. No está concediéndole nada a Israel ni al sionismo, y si lo leyera un lector de hoy buscando simpatías se iría con las manos vacías. Precisamente por eso sirve. Un testigo hostil que dice contra su propio interés político es la clase de fuente que no se puede recusar.

Y lo que dice, resumido, es esto: fallamos.

Setenta y ocho años después la misma palabra significa: nos hicieron.

Cambió de sujeto sin cambiar de letras. El que se acusaba pasó a ser acusado, la autocrítica se volvió denuncia, y el reproche interno se transformó en el nombre de un crimen ajeno. Nadie tuvo que falsificar un documento. Alcanzó con dejar de leer el libro que le puso el nombre a la cosa.

Y no fue la única palabra a la que le pasó.

Eso es reescritura, y es la más eficaz de todas, porque no requiere mentir sobre ningún hecho. Requiere solamente que la fuente original quede fuera de circulación.

Hay una segunda operación, y opera sobre el calendario.

Preguntale a cualquiera cuándo empezó la guerra de 1948 y te va a decir mayo, cuando Israel se declaró Estado. Es lo razonable: el nombre del año está en el nombre de la guerra.

Morris fija el inicio el 30 de noviembre de 1947, al día siguiente de la votación de la partición en la Asamblea General. Seis meses antes de que existiera Israel. Seis meses antes de que cruzara la frontera un solo ejército árabe.

Lo que pasó en esos seis meses tiene nombre técnico, guerra civil en la Palestina del Mandato, y tiene fechas.

El 2 de diciembre de 1947 el Alto Comité Árabe declaró una huelga general de tres días contra el plan de partición, y en Jerusalén estallaron disturbios: ocho judíos y seis árabes muertos, comercios judíos incendiados y saqueados, barrios judíos atacados. Desde enero las operaciones se militarizaron con la entrada de regimientos del Ejército Árabe de Liberación, que consolidaron presencia en Galilea y Samaria. Abd al-Qadir al-Husayni llegó desde Egipto con varios cientos de hombres del Ejército de la Guerra Santa, reclutó algunos miles de voluntarios y organizó el bloqueo de los cien mil residentes judíos de Jerusalén.

Funcionó. Casi toda la flota de vehículos blindados de la Haganá terminó destruida y cientos de sus hombres murieron intentando abastecer la ciudad. El 22 de febrero estallaron bombas colocadas en vehículos británicos robados en la calle Ben Yehuda: cincuenta y ocho muertos y treinta y dos heridos graves, casi todos civiles. El 27 de marzo emboscaron el convoy de Yehiam y mataron a cuarenta y siete. Solo en la última semana de marzo la Haganá perdió tres convoyes grandes y más de cien hombres. El 13 de abril atacaron el convoy del hospital Hadassah y mataron a unos ochenta.

Morris, en la página trece de la edición revisada de su libro, escribe que la Haganá se mantuvo a la defensiva y que hasta fines de enero de 1948 ninguno de los dos bandos había tomado la iniciativa. La ofensiva judía, la operación Nachshon y la aplicación del Plan Dalet, empieza en abril. En abril, después de cuatro meses de estrangulamiento, con Jerusalén occidental ahogada y la carretera cortada.

Ese es el orden real, y la palabra Nakba lo borra.

Y falta lo que casi nunca se dice: quiénes eran los que iban a tomar las decisiones del año siguiente, y quién los había puesto en esa posición.

No era una población cualquiera. Buena parte de esa gente había llegado hacía menos de tres años desde Europa, y sabía con precisión documental qué le pasa a una comunidad judía que confía en que alguien va a intervenir. Y en los meses siguientes empezaron a llegar los otros: los de Adén, los de Oujda, los de Bagdad. Un país entero armado con dos poblaciones que acababan de aprender la misma lección por caminos distintos.

Eso no produce un temperamento. Produce un cálculo, y el cálculo era que no podían permitirse perder una vez.

Queda por nombrar a quién los puso en esa posición, porque el relato vigente deja ese casillero convenientemente vacío. La partición se votó y el Alto Comité Árabe la rechazó y fue a la guerra. Al frente de ese comité estaba Amin al-Husseini, muftí de Jerusalén, y su expediente no es una acusación israelí: está en los archivos del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

El 28 de noviembre de 1941 se reunió con Hitler en la Cancillería del Reich. En febrero de 1943, cuando Hitler autorizó la 13.ª División de Montaña de las Waffen-SS, la Handschar, y Himmler habilitó el reclutamiento de musulmanes bosnios, la oficina central de las SS envió al muftí a colaborar con el reclutamiento. Y entre mayo y junio de ese año escribió a los gobiernos de Bulgaria, Alemania, Italia, Hungría y Rumania exigiéndoles que no participaran en el traslado de niños judíos a Palestina. Sugirió que se los mandara a Polonia.

Y ahora lo que no fue, porque circula y porque es falso. No fue el arquitecto de la Solución Final. Yad Vashem lo desmiente expresamente: no estaba en posición de convencer a Hitler ni propuso el genocidio en esa reunión, y la historiografía coincide en que su influencia sobre las decisiones de Berlín fue escasa. Un primer ministro israelí sostuvo esa versión en 2015 y tuvo que retroceder ante sus propios historiadores. La versión verdadera es peor que la inflada: un hombre que gestionó para que unos chicos no llegaran a Palestina y propuso mandarlos a Polonia no requiere que le agreguen nada.

Ese era el hombre que presidía el comité que rechazó la partición. Y los Estados que invadieron en mayo del 48 volvieron en el 56, en el 67 y en el 73.

Sabían que no podían permitirse dudar. Eso no es un temperamento, es un currículum, y se cursa una sola vez. Discutirlo hoy desde un lugar donde lo peor que puede pasar es una reunión con el decano porque la cafetería no pasó a leche de soja orgánica es un privilegio, y los privilegios se notan sobre todo cuando el que los tiene cree que está siendo valiente.

No porque mienta sobre abril. Porque empieza a contar en abril. Todo lo que la memoria colectiva retiene del 48, las aldeas vacías, las columnas de gente caminando, Deir Yassin, ocurre después de un intento de impedir por las armas una resolución votada, intento que en marzo estaba ganando. Si en marzo de 1948 me hubieras preguntado quién iba a ganar esa guerra, la respuesta razonable no era Israel, que todavía no existía.

Y hay una amputación previa a todas, que es la decisión. La partición se votó el 29 de noviembre de 1947. La Agencia Judía la aceptó. El Alto Comité Árabe la rechazó y fue a la guerra. No hay un solo refugiado de 1948 que no esté aguas abajo de esa decisión. El contrafáctico no es una especulación de café: sin rechazo no hay guerra, sin guerra no hay éxodo. Y esa cadena no requiere discutir cómo se vació cada aldea, que es la discusión donde el argumento se empantana y donde siempre se lo quiere llevar.

Tampoco fue limpio el otro lado. En enero de 1948 la Haganá voló el hotel Semiramis en Jerusalén y mató a veinticuatro o veintiséis civiles. En febrero el Palmaj mató a unos sesenta aldeanos en Sa'sa'. En abril fue Deir Yassin. Una guerra defensiva no vuelve legítimo todo acto cometido adentro de ella, y quien sostenga lo contrario está haciendo con la palabra defensa lo que otros hacen con la palabra genocidio.

Pero eso lleva a la distinción que sigue, que es la más importante del capítulo.

No todo lo ilegítimo es limpieza étnica.

La categoría tiene una definición operativa, y casi nadie que la usa la leyó. Viene del informe final de la Comisión de Expertos que Naciones Unidas creó por la resolución 780 para investigar la ex Yugoslavia, documento S/1994/674 del 27 de mayo de 1994, párrafo 130. Dice que limpieza étnica es una política deliberada, diseñada por un grupo étnico o religioso, para remover por medios violentos y que inspiran terror a la población civil de otro grupo étnico o religioso de ciertas áreas geográficas. El informe provisorio previo la había definido como volver un área étnicamente homogénea mediante fuerza o intimidación, y anotaba que la expresión era relativamente nueva.

El núcleo de esa definición no es el resultado. Es la finalidad. Política deliberada, diseñada, con la remoción como objetivo y no como consecuencia. La literatura académica que trabajó sobre el caso yugoslavo agregó cuatro requisitos concurrentes: que la práctica sea sistemática, que identifique y apunte a grupos específicos por etnia, nacionalidad o religión, que use violencia deliberada, y que refleje la intención de las autoridades de sostenerla o de abstenerse de impedirla.

Un desplazamiento producido por el combate, incluso previsible, incluso criminal en episodios puntuales, no satisface eso. La diferencia no es de escala ni de sufrimiento. Es qué cosa era el objetivo de la operación.

Y ahora tengo que ir al lugar donde ese argumento es más incómodo, porque saltearlo sería hacer trampa y porque quien lo saltea pierde el derecho a que le crean lo demás.

El 12 de julio de 1948, a la una y media de la tarde, en el marco de la operación Dani, el teniente coronel Yitzhak Rabin firmó una orden. Dice que los habitantes de Lydda deben ser expulsados rápidamente, sin atención a la edad, y que se los dirija hacia Beit Nabala. Cierra con dos palabras: ejecutar inmediatamente. Ese mismo día salió una orden equivalente a la brigada Kiryati para Ramle.

No es una interpretación. Es un documento del archivo de las fuerzas armadas israelíes, publicado por Morris y citado desde entonces por todo el mundo.

Entre cincuenta mil y sesenta mil personas fueron sacadas de las dos ciudades en dos días, cerca del diez por ciento del éxodo entero. En Lidda salieron a pie, con disparos al aire para apurar la marcha, entre dieciséis y veinticuatro kilómetros bajo el sol de julio, hasta las posiciones de la Legión Árabe. En Ramle, según Flapan, el ejército puso algunos ómnibus y camiones. El cronista árabe Nimr Khatib calculó trescientos treinta y cinco muertos en el camino. Glubb Pasha, que comandaba la Legión y recibió a los que llegaban, escribió que nunca se va a saber cuántos niños murieron. En la toma de la ciudad las estimaciones de civiles muertos van de doscientos cincuenta a cuatrocientos, y el episodio peor documentado ocurrió en la mezquita de Dahmash, con decenas de desarmados que buscaban refugio.

Sobre la cadena de mando, Rabin dejó escrito en la versión hebrea original de sus memorias que Allon preguntó qué se hacía con la población y que Ben Gurión respondió con un movimiento de la mano que quería decir expulsarlos. Ese pasaje fue suprimido por la censura del gobierno israelí en la edición inglesa de 1979. Lo consigna Morris.

Un Estado censuró el relato de su propio ex jefe de gobierno sobre una expulsión que él mismo había ordenado ejecutar. Eso también pasó, y quien se dedica a denunciar lo que se tapa no puede pasarlo por alto porque esta vez lo tapó el lado que le resulta simpático.

Ahora bien. ¿Qué hago yo con esto?

Lo primero es no hacer lo que hace Morris. En su entrevista con Ari Shavit de 2004, el historiador que sacó estos documentos a la luz sostuvo que las expulsiones de 1948 no fueron crímenes de guerra, que hay circunstancias históricas que justifican la limpieza étnica, y que Ben Gurión flaqueó por no haber expulsado a todos, porque una expulsión completa habría estabilizado el país por generaciones.

Cito a Morris a lo largo de toda esta columna y lo voy a seguir citando, porque su archivo es el mejor que hay y porque lo armó contra su propio interés político. Pero eso de 2004 no lo firmo, y lo digo en el mismo párrafo donde lo uso como fuente. El archivo de un historiador y las conclusiones morales de un historiador son dos cosas separables, y esa separación es la que le vengo pidiendo a todo el mundo desde la primera columna de esta serie. Sería cómodo aplicarla solamente cuando conviene.

Quedan dos cosas, y van juntas porque separadas cualquiera de las dos es propaganda.

La primera es que no todo vale. Lo que pasó en Lidda no se defiende. Se explica, que es una operación distinta, y explicar nunca fue absolver. La necesidad militar es una categoría real y tiene límites escritos, y lo que la excede queda afuera aunque el que lo cometió estuviera peleando por su vida. El que sostenga que la supervivencia habilita cualquier cosa no está defendiendo un derecho: está pidiendo una excepción sin fecha de vencimiento.

La segunda es que sobrevivir no es una concesión que se pida. Es un derecho, y no existe ninguna versión decente de esta discusión donde a un pueblo se le exija renunciar a él para demostrar su buena fe.

Y para juzgar 1948 hay que juzgar 1948, no proyectar hacia atrás el Israel de hoy. Ese es el error de fondo de casi todo lo que se escribe sobre el tema: se evalúan las decisiones de julio del 48 con la imagen mental de un Estado que tiene fuerza aérea, disuasión nuclear, una industria militar que exporta y frontera con dos países que firmaron la paz. Nada de eso existía. Había un Estado de tres meses, un ejército armado sobre milicias hacía semanas y ninguna frontera segura. Y había un embargo: el 14 de noviembre de 1947 el Departamento de Estado suspendió las licencias de exportación de armas destinadas a Palestina y a los países vecinos, y lo hizo público el 5 de diciembre. El Consejo de Seguridad lo extendió al año siguiente.

Ese embargo era formalmente simétrico y en los hechos no lo fue, porque los Estados árabes tenían ejércitos y proveedores, y del otro lado había una comunidad sin Estado que no podía comprarle a nadie. La salida fue Checoslovaquia. Primer contrato el 14 de enero de 1948, primer vuelo el 31 de marzo, y entre marzo y junio unos veinticinco mil fusiles, cinco mil ametralladoras, más de cincuenta millones de cartuchos y veintitrés cazas.

Digo las dos mitades de eso porque decir una sola es propaganda, y las dos circulan por separado. La primera mitad es que el embargo cayó sobre el que no tenía Estado. La segunda es que lo que lo salvó fue el bloque soviético, y que esas armas no solo lo salvaron: lo pusieron en condiciones de ganar.

Nur Masalha sostiene que a lo largo de 1948 el ejército israelí superó en número a todas las fuerzas árabes juntas, regulares e irregulares: unos treinta y cinco mil efectivos contra veinte o veinticinco mil el 15 de mayo, y que las armas importadas del bloque del Este, artillería, tanques y aviones, inclinaron la balanza. Se lo concedo entero. Israel no era el débil de esa guerra.

Era otra cosa, y es la que importa acá: era un Estado de tres meses, rodeado, con la guerra declarada por siete Estados árabes, y sin ninguna manera de saber cómo terminaba. Juzgar esas decisiones con el poder de hoy es un anacronismo, y el anacronismo no se arregla con cifras de efectivos.

La cifra de siete no la pongo yo. La escribió Zurayk en agosto de ese año, para reprocharles a los suyos haber perdido esa guerra.

Y nadie sabía todavía cómo iba a terminar. Es fácil evaluar las decisiones de marzo con el resultado de diciembre sobre la mesa; los que las tomaron no tenían el resultado.

El gobierno militar sobre los ciudadanos árabes hay que leerlo ahí adentro, y también hay que leerlo entero. En una guerra sin frentes, donde el enemigo no lleva uniforme y donde las aldeas de la retaguardia habían alojado milicias durante meses, la imposibilidad de distinguir es un problema militar real y no una excusa retórica. Eso explica 1949.

No explica 1966.

Porque acá está el dato que le arruina la coartada a cualquiera que quiera defender los dieciocho años completos: el gobierno militar se levantó en diciembre de 1966, seis meses antes de la guerra más peligrosa que Israel enfrentó en su historia. Si la única razón hubiera sido la seguridad, la fecha debería haber sido la contraria.

Lo que se sostiene, entonces, es esto: el comienzo tiene una explicación militar sólida y el final la perdió mucho antes de terminar. Una medida de emergencia que dura dieciocho años deja de ser una emergencia en algún punto, y ese punto llegó bastante antes de que alguien la levantara. Decirlo no le quita nada al derecho de un Estado a existir. Se lo quita el que necesita negar todo para defender algo.

Lo segundo es admitir que Lidda pasa el umbral. Una orden escrita de expulsar a una población sin atención a la edad, ejecutada sobre decenas de miles de personas, satisface los requisitos de finalidad y de violencia deliberada que fija el informe de 1994. Sostener lo contrario a esta altura sería exactamente el tipo de negación que vengo denunciando.

Lo que no se sigue de ahí es la conclusión que se quiere extraer.

Porque el requisito que falta no es la deliberación: es la sistematicidad. Y esa es la discusión de verdad, la que llevan décadas dando historiadores serios.

Ilan Pappé sostiene que el Plan Dalet fue el plan maestro de la expulsión, y apoya la tesis en el seminario de enero de 1948 donde Ben Gurión y sus asesores discutieron la transferencia, y en la continuidad con el pensamiento sionista de los años treinta. Yoav Gelber sostiene lo contrario leyendo el mismo documento, y su lectura tiene la ventaja de ser textual: el plan describe rodear la aldea, registrarla en busca de armas, expulsar a la población más allá de la frontera en caso de resistencia, y si no hay resistencia, apostar una guarnición y nombrar instituciones locales para administrar los asuntos internos. Gelber sostiene que el texto aclara sin ambigüedad que la expulsión concernía solo a las aldeas que combatieran. Está en Palestine 1948, Sussex Academic Press, 2006, página 306.

Un plan de limpieza étnica no incluye instrucciones para lo que hay que hacer cuando la población se queda.

Sobre Lidda en particular Gelber va más lejos que Morris, pero esa formulación suya está en una obra en hebreo que solo pude leer citada por terceros, así que no la reproduzco.

Esa frase, leída despacio, no es una defensa. Es una acusación distinta, y bastante fea: no planificaron vaciar el país, no les importó lo que pasara después. Eso también es reprochable, y es otra cosa.

Queda el dato que ninguna de las dos lecturas puede ignorar. Al terminar la guerra quedaron dentro de Israel unos ciento cincuenta mil árabes en sus casas, ciento cincuenta y seis mil según Arnon Degani, ciento sesenta mil según la Comisión de Conciliación de Naciones Unidas en septiembre de 1949. Esa población quedó inscripta en el padrón y votó el 25 de enero de 1949, en la elección de la Asamblea Constituyente que dos semanas después pasó a llamarse Knéset. La Lista Democrática de Nazaret obtuvo dos bancas, y la primera Knéset se integró con ciento diecisiete judíos y tres árabes. La ley general de nacionalidad recién llegó en 1952, de modo que votaron antes de que existiera la norma que los hacía ciudadanos.

Lo dice, entre otros, Degani, en un artículo del Journal of Israeli History de 2026 cuyo objeto es precisamente sostener que Israel es un caso de colonialismo de asentamiento. Un autor que argumenta la tesis contraria a la mía consigna que los árabes remanentes recibieron el voto. Ese es el tipo de fuente que sirve.

Y hay un dato de calendario que no suele ponerse al lado, aunque cae en esos meses. Mientras esos ciento cincuenta mil se inscribían en el padrón israelí, en Adén habían matado a ochenta judíos, en Marruecos a cuarenta y cuatro, y en Bagdad el Estado estaba redactando la ley que un año después les sacaría la ciudadanía a ciento treinta mil. Las cifras van más abajo. Lo dejo acá porque quien discuta si los árabes de Israel recibieron o no un trato aceptable debería saber qué recibían por esos días, en la dirección contraria, los judíos que vivían del otro lado de esas fronteras.

Y consigna lo otro, que va en la frase siguiente o no vale nada: junto con la ciudadanía, Israel impuso sobre la mayoría de esos ciudadanos un gobierno militar que anuló en los hechos casi todas las protecciones que la ciudadanía les daba, y que duró hasta diciembre de 1966.

Ahí está el asunto entero en un solo párrafo, y no lo voy a resolver a favor de nadie. Un Estado cuyo objetivo fuera la homogeneidad étnica no inscribe como votantes a los que quedan. Un Estado que confía en esos votantes no los pone bajo ley marcial durante dieciocho años. Las dos cosas pasaron, y pasaron juntas.

Lo que se puede decir con precisión es esto: hubo expulsiones ordenadas por escrito y ejecutadas en operaciones concretas, y Lidda es la peor. Y no hubo una campaña sistemática de vaciamiento, porque un séptimo de la población árabe se quedó, con documento y con voto, en un país que acababa de ganar una guerra y podía hacer lo que quisiera con ellos.

Sostener solo la primera mitad es propaganda. Sostener solo la segunda también.

Queda esto en pie. La catástrofe ocurrió. Hubo expulsiones ordenadas. Y sobre ese suelo verdadero se levantó una operación que consiste en cortar el antes y abaratar las categorías. La operación es lo que discuto. El dolor no.

Falta una observación más, y es la que más incomoda a quien usa el término. Naciones Unidas señala en su propia página que la limpieza étnica no está reconocida como crimen autónomo en el derecho internacional. Es una expresión descriptiva, de enorme carga retórica y baja precisión jurídica, acuñada en 1992 y 1993 para Bosnia y aplicada hacia atrás a 1948.

Reconocerán la maniobra porque es la misma de siempre: se toma una categoría forjada para un fenómeno determinado, se le extrae la carga emocional, se la aplica a otro caso por el efecto que produce y no por el ajuste que tiene, y el que la aplica se ahorra exactamente el trabajo de probar el elemento que la define. Es lo que se hace con genocidio. Es lo que se hace con apartheid. Y quien lo denuncia en esos dos casos no puede darse el lujo de aceptarlo en este, porque la coherencia no es un adorno del argumento: es el argumento.

Ilan Pappé construye su tesis precisamente sobre el elemento de finalidad, y cita el Plan Dalet y las discusiones sobre transferencia de población en la dirigencia sionista de los años treinta, incluida la que se dio alrededor de la Comisión Peel en 1937. Morris también documenta ese pensamiento y no lo esconde. Existió, se habló, está en actas.

La distancia que importa es la que hay entre una idea discutida en una comisión y una política operativa ejecutada, que es la misma distancia que hay entre un borrador y un decreto, y que es todo el contenido del adjetivo deliberada. El propio Plan Dalet sigue en disputa entre historiadores serios: unos lo leen como defensivo y preparatorio frente a la invasión anunciada, otros como ofensivo. Que un documento admita dos lecturas académicas sostenidas durante décadas es la mejor prueba de que no es una orden de limpieza. Las órdenes de limpieza se entienden a la primera lectura.

Vuelvo a las dos cifras del principio, porque ahí está la pieza que convierte un hecho histórico en una condición hereditaria.

El orden importa y casi nadie lo tiene claro. La agencia para los refugiados de Palestina se creó por la resolución 302 (IV) de diciembre de 1949 y empezó a operar el 1 de mayo de 1950. El Alto Comisionado para los Refugiados se estableció por la resolución 319 (IV), también de diciembre de 1949, y su estatuto se adoptó por la resolución 428 (V) en diciembre de 1950. Después, cuando se redactó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se le incorporó el artículo 1D, una cláusula de exclusión que deja fuera del régimen general a quienes ya reciben asistencia de otros organismos de Naciones Unidas.

Primero se construyó la excepción, y después se escribió la regla universal con un agujero hecho a medida para que la excepción no la tocara.

El régimen internacional de refugiados, el que rige para todos los seres humanos del planeta, nació ya recortado por este caso.

La diferencia decisiva no es que el estatuto se transmita a los hijos. Es que no tiene salida. La Convención de 1951 incluye una cláusula de cesación: se deja de ser refugiado cuando se adquiere una nueva nacionalidad y se goza de su protección. La agencia para los palestinos no tiene ninguna cláusula equivalente. En Jordania hay unos dos millones cuatrocientas mil personas registradas como refugiadas de Palestina, según el informe del grupo de trabajo sobre financiamiento de la agencia presentado a Naciones Unidas en agosto de 2024. Es el cuarenta y dos por ciento del total, y Jordania es además el único país anfitrión que naturalizó de manera amplia a esa población. La agencia reconoce que algunos refugiados tienen ciudadanía en sus países de acogida y muchos no, pero no descuenta a los primeros del padrón.

La definición vigente lo dice sin rodeos: los descendientes por línea masculina, hijos adoptados legalmente incluidos, son elegibles para registrarse. El bisnieto de un refugiado de 1948 nacido en Jordania o en Siria sigue clasificado como refugiado.

La agencia tiene su respuesta y hay que darla entera, porque es buena y porque contestar una versión débil del adversario es hacer trampa. Sostiene que la transmisión a los descendientes no es única, que responde al principio de unidad familiar reconocido en el derecho internacional, que el Alto Comisionado también reconoce descendientes, y que los palestinos no se distinguen de otras situaciones prolongadas como la afgana o la somalí, donde hay múltiples generaciones registradas como refugiadas.

Es cierto en la premisa y falso en la conclusión. Un afgano en Pakistán que se naturaliza deja de ser refugiado. Un palestino en Jordania que es ciudadano jordano desde el día que nació sigue registrado como refugiado. Lo excepcional no es entrar por herencia. Es que no hay puerta de salida, y una condición sin puerta de salida no es una situación: es un estatuto.

Hay todavía un detalle que la propia agencia aclara y que casi nadie recoge. El registro no otorga estatuto de refugiado bajo la Convención de 1951. Define elegibilidad para recibir servicios.

Si es así, y lo dice ella, entonces la cifra de cinco millones novecientas mil personas esgrimida en cada marcha y en cada columna como número de refugiados con derecho al retorno es un error de categoría. Un padrón administrativo de asistencia convertido en título jurídico por repetición. Nadie lo falsificó. Se lo citó mal durante setenta años hasta que la cita mal hecha se volvió el dato.

Falta el papel. Cada vez que se discute esto aparece un número, la resolución 194, invocada como si fuera una ley que Israel incumple desde hace setenta y ocho años. La leo, porque es corta y porque casi nadie lo hace.

La Asamblea General la adoptó el 11 de diciembre de 1948, por treinta y cinco votos contra quince y ocho abstenciones. El párrafo once, que es el que se cita, resuelve que a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos se les debería permitir hacerlo en la fecha más temprana posible. Y sigue: que se debería pagar compensación por la propiedad de quienes elijan no regresar, y por las pérdidas o daños que, conforme al derecho internacional o a la equidad, deban reparar los gobiernos responsables.

Cuatro cosas dice ese párrafo que la versión de marcha no dice.

Dice «que deseen». El regreso es una opción individual, no un destino colectivo asignado a un pueblo entero por nacimiento.

Dice «y vivir en paz con sus vecinos». Es una condición, y está escrita ahí, en la misma oración, unida por una conjunción. Se puede discutir cómo se verifica, pero no se puede leer el párrafo sin ella.

Dice «quienes elijan no regresar», y les ofrece compensación. La propia resolución contempla el no retorno como resultado legítimo. Un texto que prevé la indemnización como alternativa no está estableciendo un derecho absoluto e irrenunciable: está proponiendo un menú.

Y no dice «árabes». Sobre esto hay un documento oficial: el análisis del párrafo once que la Comisión de Conciliación de Naciones Unidas para Palestina compiló el 15 de mayo de 1950, con la signatura A/AC.25/W/45. Registra que durante el debate previo a la adopción, la delegación británica, que había patrocinado el proyecto, respondió a una consulta aclarando que el término refugiados se refería a todos los refugiados, con independencia de raza o nacionalidad, siempre que hubieran sido desplazados de sus hogares en Palestina. Y anota que la palabra árabe fue quitada del texto.

O sea que la resolución que hoy se invoca como carta magna de un solo pueblo fue redactada, por decisión expresa de sus autores, para cubrir a cualquiera que hubiera perdido su casa en Palestina, judíos incluidos.

Queda lo mejor para el final, y es un problema de coherencia interna que no tiene salida.

La resolución 194 es una resolución de la Asamblea General. Recomendación, no obligación. Y trece meses antes, el 29 de noviembre de 1947, el mismo órgano, con el mismo peso jurídico y el mismo procedimiento, había votado la resolución 181, la de la partición.

Hay quien sostiene que la 181 fue ilegítima, colonial, impuesta por potencias extranjeras y sin autoridad para repartir una tierra que no era suya. Y sostiene a la vez que la 194 es derecho vinculante que Israel viola. Le está pidiendo a la misma asamblea, en el mismo período de sesiones, que sea nula cuando le desagrada y ley cuando le conviene. No es un matiz interpretativo. Es el mismo órgano, el mismo año, el mismo tipo de acto.

Queda un detalle en el recuento. La resolución se adoptó con treinta y cinco votos a favor, quince en contra y ocho abstenciones. Quince países votaron que no. El texto que hoy es la piedra angular del reclamo no se aprobó por unanimidad de nadie.

El otro lado tiene algo, y se lo concedo. La 194 fue reafirmada por la Asamblea más de cien veces a lo largo de las décadas, y hay juristas que sostienen que esa reiteración sostenida genera un peso que una recomendación aislada no tendría. Es un argumento serio y merece discutirse en sus términos. Lo que no se puede es saltearse el texto. Quien cita la 194 como fundamento tiene que citarla entera, con el «que deseen», con la condición de vivir en paz, con la opción de compensación y con la ausencia deliberada de la palabra árabe.

Y ahí vuelve a pasar lo de la palabra de Zurayk. No hubo falsificación. El documento está publicado, en línea, gratis, en seis idiomas. Alcanzó con que nadie lo abriera.

El detalle de la palabra árabe no es un dato suelto. La delegación británica tuvo que aclarar que refugiados significaba todos los refugiados, sin importar raza ni nacionalidad, y el texto final quitó el adjetivo. Eso solo se hace cuando la palabra sola no distinguía a nadie. En 1948 la expresión refugiado palestino no quería decir árabe.

No podía querer decirlo. Bajo el Mandato, palestino era una categoría civil y territorial, no étnica. La Orden de Ciudadanía Palestina rigió desde el 1 de agosto de 1925 hasta el 14 de mayo de 1948 y daba efecto al artículo 7 del Mandato, que exigía una ley de nacionalidad con provisiones para facilitar que los judíos radicados la adquirieran. Los pasaportes consignaban Palestine Jews, Palestine Christians y Palestine Arabs. El diario sionista de Jerusalén se llamaba The Palestine Post hasta 1950. La orquesta que armó Huberman en 1936 con músicos que huían de Europa era la Sinfónica de Palestina. El banco era el Anglo-Palestine Bank. Golda Meir contó que llevó pasaporte palestino de 1921 a 1948.

Cuando el Alto Comité Árabe se llamaba árabe no estaba confesando no ser palestino. Estaba usando el único calificativo que distinguía, porque palestino solo no distinguía a nadie. El calificativo lo llevaban todos.

Nakba nació nombrando el fracaso propio y hoy nombra el crimen ajeno. Palestino nombraba a cualquiera que viviera ahí y hoy nombra a un grupo con exclusión expresa del otro. Refugiado, en el texto de 1948, cubría a todo el que hubiera perdido su casa en ese territorio, y hoy nadie lee la palabra así.

Tres palabras. La misma operación en las tres, y en ninguna hizo falta mentir. Cambió a quién señalaban, y el que las usa hoy tiene todo el derecho de creer que siempre señalaron eso, porque nadie le mostró la versión anterior.

Esto no es una serie de hallazgos sueltos. Es un vocabulario que cambió de dueño.

Pongo el caso al lado de otro. La comparación es lo único que devuelve la escala.

En agosto de 1947, un año antes, la partición de la India desplazó a unos diez millones de hindúes y musulmanes, según Yasmin Khan en The Great Partition, Yale University Press, 2008. Joseph Schechtman, escribiendo en 1949, cuando el problema palestino ya existía, calculaba el intercambio en más de once millones. Nadie creó una agencia permanente. No hubo estatuto hereditario. Los desplazados fueron absorbidos, con enorme costo y enorme injusticia, por los dos Estados que la partición había creado, y sus nietos son hoy ciudadanos indios y paquistaníes, no refugiados de tercera generación.

En los años que siguieron a 1948, unos ochocientos cincuenta mil judíos salieron de países árabes y musulmanes donde en varios casos llevaban más siglos que el islam.

Esa cifra pide una aclaración que casi nunca se hace. Circulan dos números y no se contradicen: son perímetros distintos. La Jewish Virtual Library computa ochocientos cincuenta y un mil sobre nueve países árabes desde 1948, y le quedan hoy unas tres mil trescientas personas. La cifra de novecientos mil incluye a Irán y a Turquía y abarca todo el siglo veinte. Uso la primera, y aclaro cuál uso, porque mezclarlas es lo que después permite acusar de inflar.

Y no fue después. Fue mientras.

En Adén, colonia británica, entre el 2 y el 4 de diciembre de 1947, tres días después de la votación de la partición, murieron entre setenta y seis y ochenta y dos judíos. También murieron treinta y ocho árabes. Se saquearon más de cien comercios judíos y se incendiaron treinta casas, escuelas y sinagogas. En Oujda y Jerada, Marruecos, en junio de 1948, mataron a cuarenta y cuatro. En Yemen, la operación Alfombra Mágica sacó a unos cuarenta y nueve mil personas entre diciembre de 1948 y septiembre de 1950; unas ochocientas cincuenta murieron caminando hacia los puntos de embarque.

El caso iraquí merece detenerse porque no admite lectura ambigua. En marzo de 1950 el Estado iraquí sancionó una ley de desnaturalización: se autorizaba la emigración judía a condición de renunciar a la ciudadanía. Un año exacto después, el 10 de marzo de 1951, cuando sesenta y cuatro mil personas todavía esperaban partir, sancionó la ley de congelación de bienes. Podían llevar ciento cuarenta dólares y treinta kilos de equipaje. Las joyas quedaban prohibidas. De unos cien mil judíos en Bagdad quedaron unos seis mil en todo el país.

Sobre Irak circula además una discusión historiográfica seria. Entre 1950 y 1951 estallaron cinco bombas contra objetivos judíos en Bagdad, y existe la tesis, sostenida entre otros por Avi Shlaim en sus memorias de 2023, de que parte de esos atentados fueron obra de la clandestinidad sionista para acelerar la emigración. Otra tesis los atribuye a extremistas locales. La cuestión no está cerrada. Lo que no cambia es lo otro: ninguna operación clandestina explica una ley. La desnaturalización y la confiscación fueron actos legislativos de un Estado.

Perdieron casas, comercios, cementerios, sinagogas y ciudadanías. No hubo agencia. No hubo día conmemorativo. No hubo estatuto transmisible a los hijos. Fueron absorbidos, en su mayoría por Israel, y sus nietos son israelíes.

El podio del sufrimiento es un deporte repugnante y además no se puede ganar. Hay una objeción de izquierda a este argumento: el sociólogo israelí Yehouda Shenhav criticó el encuadre de los judíos de países árabes como refugiados, por considerarlo un uso instrumental de la historia mizrají en la negociación con los palestinos. Tiene razón en el riesgo. Si esta cifra se usa como moneda de cambio, se está usando gente como ficha.

Lo que discuto no es quién sufrió más. Es que dos desplazamientos comparables en escala y contemporáneos entre sí recibieron tratamientos institucionales opuestos, y que uno de los dos recibió una agencia sin cláusula de cesación, un estatuto hereditario y una palabra propia, y el otro no recibió ninguna de las tres cosas.

Hay un hallazgo más en esos números que casi nadie mira, y que vale por todo el resto. El resultado final, entre el noventa y ocho y el cien por ciento de reducción, es idéntico en diez países con presencias milenarias, y se produjo bajo cinco regímenes jurídicos opuestos entre sí. Irak expulsó por ley. Siria hizo exactamente lo contrario, prohibió emigrar durante cuarenta y cinco años. Marruecos negoció y cobró por cabeza. Irán nunca expulsó a nadie, reconoce a los judíos como minoría con banca reservada en el parlamento, y aun así perdió entre el ochenta y el noventa por ciento de su comunidad.

Cinco mecanismos legales incompatibles, un solo resultado demográfico. Eso ya no lo explica ninguna política en particular.

Aquellos se absorbieron, se dirá, porque los Estados receptores les dieron la ciudadanía, y a los palestinos, salvo en Jordania, se les negó por decisión expresa de los Estados árabes anfitriones.

Es exactamente así. Y es la mejor parte de este argumento, no la peor.

La eternización no fue un accidente burocrático. Fue una política, y no la ejecutó Israel. Sobre el resultado no hay discusión posible: el informe presentado a Naciones Unidas en 2024 describe a los más de cuatrocientos ochenta mil refugiados registrados en el Líbano como una comunidad muy vulnerable, sin integración formal, sin derechos de propiedad y sin acceso al mercado de trabajo. Setenta y seis años después. No conozco el número de las leyes que produjeron eso y por eso no lo escribo; el efecto está documentado y el efecto alcanza. La condición de refugiado se preservó deliberadamente como capital político, y la agencia internacional proveyó la infraestructura que la hizo sostenible durante tres generaciones.

Quien hoy denuncia la perpetuación del sufrimiento palestino y sostiene a la vez la intangibilidad del estatuto hereditario está pidiendo las dos cosas a la vez: que el sufrimiento termine y que la categoría que lo administra no se toque nunca.

Falta la pregunta que esta serie se hace desde el prólogo, y que acá tiene una forma particular: por qué una operación tan verificablemente incompleta viaja tan bien entre gente que se define por su compromiso con la verdad.

Hay una explicación cómoda y la voy a descartar primero, porque es la que yo mismo tuve ganas de escribir. La explicación cómoda dice que son gente dañada. Que necesitan la aprobación del grupo porque no saben construir su propio valor, que la denuncia les devuelve una descarga que persiguen como se persigue cualquier otra, que en el fondo hay ahí una fragilidad de carácter.

Es satisfactoria de escribir y es mala. Mala en lo empírico, porque quien piensa así incluye a gente sólida, realizada, generosa, de la que uno querría de vecina. Y mala en la forma, que es lo grave: explicar a un colectivo entero por un defecto interno compartido es la operación gramatical exacta que vengo desmontando hace cuatro columnas. Así son, siempre fueron, así van a ser. Si escribo eso, gano un párrafo y pierdo todo lo demás.

Además no hace falta. Hay una manera de mostrar el mecanismo sin entrar a la cabeza de nadie, y consiste en mirar a una misma persona dos veces, con cinco años de diferencia.

En mayo de 2021, durante una escalada anterior en Gaza, el actor Mark Ruffalo publicó una disculpa. Dijo que había reflexionado y que se retractaba de publicaciones suyas que sugerían que Israel cometía genocidio. Dio tres razones: que no era exacto, que era inflamatorio e irrespetuoso, y que se estaba usando para justificar antisemitismo dentro y fuera de su país.

Nadie lo obligó. Fue él, por escrito, en su cuenta, contra su propio interés inmediato, y le costó una parte de su público.

Vamos a esta semana. El 21 de agosto de 2026, Ruffalo se opuso públicamente a la fusión entre Paramount y Warner Bros Discovery, una operación de unos ciento once mil millones de dólares. Para argumentar en contra republicó declaraciones de Safra Catz, integrante del directorio de Paramount, sobre las tecnologías que Oracle proveyó al ejército israelí después del 7 de octubre, y trazó la línea: esa es la empresa con la que Larry Ellison financia la adquisición que encabeza su hijo David. Denunció el acuerdo, entre otras cosas, por los vínculos de la familia Ellison con lo que llamó el genocidio israelí en Gaza.

La misma palabra. La palabra que él mismo había declarado inexacta, inflamatoria y utilizable como combustible antisemita.

No cambió Ruffalo. Cambió el precio.

En 2021 esa palabra costaba, y él pagó el costo y se retractó. Para 2026, en su medio profesional y en su medio militante, lo que cuesta es no decirla. La estructura de incentivos se movió y el vocabulario la siguió, sin que nadie tuviera que cambiar de convicciones ni de personalidad. Eso es todo el mecanismo, y está documentado en dos declaraciones firmadas por la misma persona con cinco años de distancia. No necesito conjeturar qué siente. Alcanza con leerlo a él contra él.

A la mayoría de la gente que repite estas cosas no la acuso de nada. No está mintiendo. Él perdió esa defensa por escrito. Nadie le explicó en 2026 que la palabra alimenta antisemitismo: lo había escrito él, con sus tres razones, cinco años antes.

Quien solo paga la dignidad cuando está en oferta es una de dos cosas, cobarde o hipócrita, y no hay una tercera.

No creo que el increíble Hulk sea hipócrita.

Su defensa no es tonta, y despacharla sería hacer exactamente lo que le reprocho. Paramount respondió que le preocupa la invocación de tropos antisemitas al servicio de una disputa comercial, y que aplicar palabras como genocidio y apartheid a una transacción corporativa abarata el sufrimiento que esas palabras deberían nombrar. Ruffalo contestó que la acusación es indignante y deshonesta, y que criticar a un primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o los ejecutivos que lo proveen no equivale a criticar a los judíos.

Tiene razón en eso último, y hay que concedérselo entero. Oracle proveyó tecnología, la ejecutiva lo dijo en público, la crítica tiene un referente real y criticarla es legítimo.

El problema no está en la crítica. Está en la pertinencia.

La compraventa de un conglomerado de medios no tiene ninguna relación operativa con Gaza. Ninguna. El vínculo no estaba ahí: lo aportó él, y lo aportó decidiendo que Israel es pertinente a una transacción entre estudios de cine porque quien pone el dinero es Ellison. Esa decisión de pertinencia es el objeto de esta columna y de toda la serie. No la acusación en sí, sino el reflejo que la vuelve aplicable a cualquier cosa.

Jack Simony, de la Auschwitz Jewish Center Foundation, describió la estructura con una precisión que no requiere adjetivos: desde los inicios de Hollywood, la participación de judíos en los medios se reformula como control y su éxito como conspiración. Jim Berk, del Centro Simon Wiesenthal, agregó que invocar a Israel en un asunto donde es completamente irrelevante es un caso de manual de obsesión y demonización. Reconocerán la terminología: viene del prólogo, y no la inventó ninguno de los dos.

El asunto está en disputa y se sigue moviendo mientras escribo. El Forward, que no es un medio hostil a la izquierda judía, lo tituló como pregunta abierta: cuándo criticar a Israel se vuelve antisemitismo. Queda abierto. Alcanza con mirar la fecha de las dos declaraciones.

Un detalle de calendario muestra que no fue un exabrupto aislado. Según el Forward, diez días antes del episodio de Oracle, Ruffalo firmó junto a Javier Bardem, Susan Sarandon y otros artistas una declaración según la cual no hay alto el fuego en Gaza, pese a la tregua vigente desde octubre de 2025.

Nada de esto requiere gente rota. Requiere una economía de recompensa. Denunciar públicamente el crimen correcto tiene rendimiento inmediato, medible y gratuito: aprobación de los pares, señal de pertenencia, confirmación de estar del lado bueno. Y no tiene costo, porque el denunciado no está en la sala y no va a contestar. Verificar, en cambio, tiene costo puro: tiempo, riesgo de encontrar algo incómodo, y la posibilidad cierta de terminar diciendo algo que el grupo no quiere escuchar.

Ninguna persona necesita estar enferma para responder a esa estructura. Alcanza con estar viva y querer pertenecer, que es lo que somos casi todos, y por eso el asunto es grave y no pintoresco.

Ahí es donde el caso de la Nakba resulta insustituible, y esto es lo que lo distingue de los otros cuatro cargos de esta serie. Los demás requieren sostener algo falso. Este no. Este permite sentir todo lo que el mecanismo pide sentir apoyándose en un hecho absolutamente cierto. La catástrofe existió. Las llaves existen. El dolor es real y verificable. La operación no consiste en inventar un crimen: consiste en quedarse con la parte verdadera y descartar la cadena causal, y quedarse con la parte verdadera se siente, por dentro, idéntico a decir la verdad.

Por eso es el más difícil de desarmar, y por eso el que lo repite no está mintiendo. Está diciendo una verdad a la que le sacaron la mitad de adelante, y no tiene ninguna razón para sospechar que faltaba algo, porque nadie le mostró nunca el pedazo que falta.

Zurayk murió en el año 2000, a los noventa y un años, después de una vida entera dedicada a pedirle a los suyos que se miraran a sí mismos antes de mirar hacia afuera.

Su palabra le sobrevivió y hoy da la vuelta al mundo. La usan millones de personas que jamás leyeron su libro, para decir la frase contraria a la que él escribió, con una convicción que él no habría reconocido y contra un destinatario que él expresamente había descartado.

La catástrofe que Zurayk quiso nombrar era la incapacidad de asumir la propia responsabilidad. En eso, por lo menos, la palabra sigue significando lo mismo.